IMPONDRÁN EL COLOR GUINDA… HASTA EN LA SOPA: Bajo el argumento de que la ciudadanía necesita ‘identificarse’ con el color de un gobierno, a propuesta de Morena, la Décimo Séptima legislatura abrogó la Ley de Imagen Institucional que debía entrar en vigor el 20 de agosto

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Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Debido a que impedía al gobierno del Estado y los municipios gobernados por el partido Morena utilizar el color distintivo en sus diferentes programas y acciones, la Décimo Séptima legislatura determinó abrogar, por mayoría, la Ley de Imagen Institucional – que debía entrar en vigor en de agosto próximo – en una decisión ‘fast track’ a propuesta de urgente y obvia a resolución de la fracción parlamentaria morenista.

Dentro de las consideraciones presentadas por la bancada de Morena se encuentra el hecho de que fuera de proceso electoral, que ya establece impedimento para el posicionamiento de un partido político o servidor público el uso de logotipos o de imagen para garantizar la transparencia en la contienda y las campañas electorales, no debe existir impedimento alguno para establecer la imagen institucional.

Además permitirá una reestructuración visual de manera completa de la forma en que se ha realizado la difusión de la información oficial de cada uno de los Poderes del Estado, sus Dependencias y Entidades, así como los Ayuntamientos y Órganos Constitucionales Autónomos del Estado de Quintana Roo, “pues deja de considerar la relevancia de la asociación que hace la población con diversos logos y colores para identificar la información que resulta de mayor relevancia para ellos, lo cual es un proceso cognitivo, individualizado y autónomo, sobre todo de que refleja un derecho de identidad y pertenecen a un momento y lugar determinado, como lo puede ser un periodo gubernamental”.

Afirman que la abrogación de esta ley responde a la necesidad de que la ciudadanía tiene el derecho fundamental a sentirse identificados y representados por su gobierno.

Aunque los diputados Cinthia Millán Estrella y Julián Ricalde cuestionaron la celeridad de la aprobación en lugar de ser analizada en comisiones para después someterlo a consideración del pleno.

La diputada del PAN calificó como una burla a la ciudadanía, ya que no se justificaba una votación tan rápida al tratarse de la abrogación de una ley completa.

Asimismo, dijo que el impedimento para que esta ley entre en vigor podría violentar principios constitucionales por que los servidores públicos están sujetos a la imparcialidad.

En su intervención, dijo que no se trata de colores sino de promoción personalizada.

Tengan cuidado y no crean que pueden hacer lo que quieran, “estamos hablando de una ley completa que regulaba lo que pueden o no hacer, en cuanto a difusión de imagen de administraciones de gobiernos municipales, estatales, órganos autónomos, si era por los colores, podríamos llevarla a comisiones”.

Hizo un llamado a la ciudadanía a abrir los ojos y ver lo que hace Morena “de meter iniciativas para quitar lo que le molesta. Esta es la cuarta transformación”.

Luz María Beristain, diputada de Morena justificó la abrogación de la Ley de Imagen Institucional, ya que los colores institucionales: blanco, gris y negro, son “aburridos, y no tenían una representación de la ciudadanía”.

Julián Ricalde insistió que la abrogación de esta ley no debía ser por urgente y obvia resolución e incluso recordó que fue la actual secretaria de Gobierno, Cristina Torres, en su calidad de integrante de la Décimo Sexta Legislatura, la que propuso que entrara en vigor el 30 de agosto de este año.

Cabe recordar que la Ley de Imagen Institucional fue aprobada en la Décimo Quinta Legislatura, aunque en la Décimo Sexta Legislatura los diputados aprobaron una reforma a propuesta de Cristina Torres – que amplió el artículo transitorio para postergar su entrada en vigor hasta el próximo 30 de agosto del 2024

Incluso, en esta décimo séptima legislatura, los diputados Cinthya Millán, Candy Ayuso, Maritza Basurto y Julián Ricalde promovieron una reforma al artículo transitorio para que entrara en vigor antes del proceso electoral 2024, aunque fue desechada. (Noticaribe)

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