CANCÚN, MX.- La organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) reveló que el Juzgado Quinto de Distrito le ordenó al Ayuntamiento de Benito Juárez invertir casi 13 millones de pesos, de la fianza entregada por la constructora Urbi, para solucionar el problema de brotes de aguas negras que actualmente afecta a 5 mil viviendas del fraccionamiento Urbi Villas del Rey.
En conferencia de prensa, Antonella Vázquez Cavedon, integrante de esta organización, dijo estar parcialmente de acuerdo con esta sentencia, emitida el pasado 13 de mayo, en la que el juez ordenó al Ayuntamiento “cobrarse” de la fianza de la desarrolladora (misma que se queda en depósito o garantía para cualquier eventualidad que pueda ocurrir), a pesar de que el monto fue entregado hace más de 10 años, y por lo tanto corre el riesgo de que el recurso no alcance para realizar la obra o ya no esté vigente.
Consideró que esta planta de tratamiento puede superar los 20 millones de pesos, es decir, casi el doble de la fianza no ejercida.
Ante esta situación, la activista dijo que a la brevedad interpondrán un recurso de revisión para que el Juzgado Quinto de Distrito reconsidere este aspecto de su sentencia.
AUTORIDADES OMISAS
Con respecto a la audiencia de juicio, Vázquez Cavedon afirmó que el juzgado quinto de distrito reconoció la omisión de las autoridades del gobierno municipal y estatal, en el caso del fraccionamiento Urbi de Cancún, en donde se construyeron viviendas sin red de alcantarillado.
“Se permitió que se construyeran las casas, sin percatarse que se tuvieran las obras mínimas de urbanización. Es obligación del gobierno municipal y estatal vigilar que se cumpla, y por ley debieron haber vigilado antes de que se vendieran las casas. En este caso, se vendieron y provocaron que la gente ‘correteara’ a la desarrolladora, cuando es deber de las autoridades”, expresó.
La defensa de autoridades municipales fue tratar de desvirtuar las acusaciones de los demandantes (no reconocer la saturación de aguas negras) y tratar de culpar a la desarrolladora, sin asumir su responsabilidad como gobierno.
“Consideramos que este argumento de ‘que no se ha municipalizado’ es inaceptable por parte de las autoridades, cuando son omisas”, afirmó la activista.
Por su parte, Hugo Guzasola Sarabia, presidente del Comité de Vecinos, señaló que este logro sienta un precedente para los cerca de 150 fraccionamientos que están en las mismas circunstancias que Urbi Villas del Rey y que podrían luchar por un lugar digno para vivir y con un medio ambiente sano.
“Es la misma situación y el mismo modus operandi de estas constructoras. Obviamente, solapadas por un sistema de desarrollo urbano que no supervisa, y en el que no existe un control”, concluyó. (Agencia SIM)
