CIUDAD DE MÉXICO, MX.- A pesar de que el “Plan C” incluye una la reforma electoral que propone reducir a la mitad el financiamiento público a los partidos, y que sus simpatizantes y militantes apoyen sus gastos, en las elecciones que acaban de realizarse estos aportaron menos de 2% del total de los gastos que se hicieron en todas las campañas federales, publicó Expansión Política.
Las fuerzas políticas y los candidatos mostraron mínimo interés para conseguir aportaciones, y la mayor parte de los candidatos no destinaron un peso de su bolsa para coadyuvar en su posicionamiento político-electoral.
En las campañas, los partidos y candidatos federales que contendieron a la presidencia, a diputados o senadores pudieron contribuir a financiar su proselitismo alentando las aportaciones de simpatizantes, de militantes o de su propio bolsillo, que son las únicas tres fuentes de financiamiento privado a la política que permite la ley.
Sin embargo, la mayoría de quienes buscaron un cargo de elección popular se dedicaron a gastar solamente los recursos públicos que se entregaron a sus partidos.
Sólo 573 de un total de 1,338 candidatos a uno de los cargos federales, y que estuvieron 90 días en campaña, destinaron recursos de su bolsa, aunque fueron mínimos, para apoyar sus gastos.
De ellos destaca la virtual mandataria Claudia Sheinbaum, quien sí aportó recursos propios para su campaña, pero solamente 16,403 pesos. Consiguió, además, que ocho de sus simpatizantes aportaran en efectivo o en especie 179,721 pesos y ningún militante de Morena, Partido del Trabajo (PT) o Partido Verde (PVEM) destinó algo para apoyar los gastos de su candidata presidencial.
En cuanto a las finanzas del candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, éste consiguió que sólo un simpatizante aportara 2,354 pesos, en especie, para apoyar sus actividades.
En tanto que la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, tampoco dio alguna aportación en especie o efectivo a su propia campaña, y tampoco lo hizo algún militante o simpatizante de su causa o de los partidos que la respaldaron: Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) o de la Revolución Democrática (PRD).
Prefieren gastar recursos públicos
Según datos de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), en el conjunto de las campañas federales partidos y candidatos sí lograron reunir financiamiento privado, es decir proveniente de aportaciones de militantes, simpatizantes o candidatos.
Los 573 abanderados que se aportaron a sí mismos juntaron una bolsa de 24.4 millones de pesos, pero sumados los donativos de simpatizantes y militantes, en total, sumaron 66.9 millones de pesos.
Sin embargo esa cantidad resulta muy menor y apenas representa 1.9% del financiamiento público entregado a los partidos políticos nacionales y candidatos independientes exclusivamente para 90 días que duraron las campañas federales, y que ascendió en total a 3,309 millones de pesos.
El 2 de junio también hubo elecciones locales para renovar ocho gubernaturas, la jefatura de gobierno de la ciudad, además de congresos locales y ayuntamientos; para renovar 19,975 cargos los candidatos recibieron financiamiento público en total, de 2,506 millones de pesos.
Frente a esa suma multimillonaria, sin embargo, de esos casi 20,000 abanderados menos de 3,000 financiaron una parte sus propias campañas y en total se reunieron 56.5 millones de pesos de aportaciones de las candidaturas.
Si se consideran los recursos aportados por simpatizantes y militantes, en total hubo financiamiento privado a campañas locales por 283 millones de pesos, apenas 8.8 de los 3,207 millones de pesos que reportaron haber gastado en tres meses el conjunto de candidatos a gobernadores, alcaldes o legisladores locales.
Invierten y pierden
De acuerdo con la información reportada ante la UTF del INE se aprecia que los candidatos que más aportaron a sus propias campañas fueron abanderados locales, que aportaron de 250,000 pesos y hasta 800,000 pesos.
Se trata de 11 abanderados a alcaldes de Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco y de ellos nueve de Morena o partidos aliados PT y PVEM, en solitario o en Coalición, además de tres candidatos a diputados del PAN o la Coalición opositora de Veracruz, Querétaro y Tamaulipas.
Manuel Cavazos a la alcaldía de García y Andrés Mijes en Escobedo, ambos en Nuevo León, así como Juan Carlos Martínez en Uriangato, Guanajuato, invirtieron casi 400 mil pesos y ganaron su elección a alcaldes, al igual que Carmen Canturosas en Nuevo Laredo, quien aportó a su campoaña 810.,00 pesos de su bolsa.
Otros apostaron y perdieron, una parte de ellos de Movimiento Ciudadano, particularmente al Senado, pero también a otros cargos, como Rodrigo Cordera, quien buscó ser alcalde de Benito Juárez en la ciudad de México con 82,000 de aportaciones propias o Miguel Ángel Yunes a gobernador de Veracruz, quien dedicó a su campaña 102,000 pesos.
También el alcalde de Celaya con licencia, Francisco Javier Mendoza, quien buscó la reelección, logró aportaciones de simpatizantes y militantes por casi 700,000 pesos y de su pecunio destinó 93,703 pesos, pero perdió la elección, al igual que Yesenia Santos, de MC, quien invirtió 157,000 pesos propios a su campaña a diputada `por Metepec, Hidalgo, pero no ganó.
Contrario a esos casos, los partidos de la Cuarta Transformación, promotores de la reforma electoral que busca reducir el gasto en partidos y campañas no se caracterizaron por promover las aportaciones de militantes y simpatizantes. Otros que sí gastaron en su proselitismo perdieron la elección.
En cargos federales el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, aportó 596,476 pesos a su campaña y simpatizantes le dieron 45, 750 pesos, pero no pudo ganar la senaduría que buscó por el PT, como tampoco David Saùl Guakil, de MC, quien destinó 509 mil pesos a su proselitismo.
En cambio de Fuerza y Corazón Mario Humberto Vázquez ganó la senaduría por Chihuahua, para la que invirtió 429,000 pesos.
¿Cuál es el estatus de la reforma que busca reducir gastos a partidos?
En abril de 2022 el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una amplia iniciativa de reforma electoral que propuso –entre otras cosas– eliminar el financiamiento público ordinario de partidos políticos nacionales y locales y dejar sólo el de campaña.
Conforme a esa propuesta sólo se daría financiamiento cada tres años. Y los partidos tendrían que operar cotidianamente con aportaciones de sus bases.
En diciembre de ese año se intentó votar en la Cámara de Diputados esa reforma, conocida como “Plan A”. Fracasó porque implicaba reformas constitucionales para las cuales Morena y sus aliados no reunían los votos necesarios, mayoría calificada de dos terceras partes.
El mismo día el bloque de la Cuarta Transformación sometió a discusión exprés y luego votación, sin dictamen ni discusión en comisiones, el llamado “Plan B” de reforma electoral, vía reformas a leyes secundarias, mismas que, por el desaseo legislativo, fueron invalidadas en 2023 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El 5 de febrero pasado el presidente presentó un paquete de 20 iniciativas de reforma, entre ellas la reforma electoral. A diferencia de la propuesta original, se planteó sólo reducir –y no eliminar– el financiamiento público para gasto ordinario, y también para campañas, un recorte de 50%.
“Un sistema de partidos democrático se funda en partidos políticos cuya legitimidad y capacidad de acción política se basan en el apoyo social”, sugirió el presidente en la exposición de motivos de su iniciativa.
Además, propuso varios candados que ya existen como: tope a aportaciones ciudadanas a partidos, que no sean deducibles de impuestos y que sean públicos.
En abril la Comisión de Puntos Constitucionales elaboró un proyecto de dictamen en el que coincide con la propuesta presidencial pues los partidos buscan más “dinero proveniente de nuestros impuestos para repartirlo”.
“En consecuencia, esta Comisión avala plenamente la propuesta de la iniciativa”, se concluye y la fórmula propuesta se plantea aceptable. Esta consiste en que la bolsa anual de recursos a repartir entre todos los partidos sea de 33% (y no 65%) de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, multiplicada por el total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral (y no en la Lista Nominal).
La propuesta sigue congelada y sin dictamen, en espera que una nueva Legislatura la aborde, pues al menos por ahora la prioridad, de acuerdo a Morena, es la reforma judicial y las propuestas de la virtual presidenta Claudia Sheinbaum. (Fuente: Expansión Política)
