CANCÚN, MX.- Quintana Roo ocupa el último lugar en el índice de estado de derecho a nivel nacional, indicó Cynthia Dehesa Guzmán, presidente de la agrupación Ciudadanos por la Transparencia, quien resaltó la necesidad de visibilizar este problema para trabajar en una solución.
Lo anterior lo reveló durante su intervención en la firma de un convenio de colaboración entre World Justice Project, el Gobierno del Estado, el Poder Judicial y la Fiscalía para un mejor estado de derecho, en donde la activista añadió que el estado tiene un “grave problema” en este sentido, a 50 años de su fundación.
“Esta firma es bastante relevante, porque cuando te acercas a la gente del gobierno, siempre sacan lo bueno, lo que se está haciendo bien, lo que sí estamos logrando; pero obviamos y escodemos debajo del tapete todos los problemas que tenemos”, señaló.
Indicó que el estado está en un buen momento para darle la vuelta a la historia y tratar de construir un estado distinto que no se quede con toda la herencia negativa, lo que implica el compromiso del gobierno y la sociedad civil.
Recordó que hace siete años en el tema de gobierno abierto y transparencia dentro del mismo índice del estado de derecho Quintana Roo ocupaba la posición 17, pero con el trabajo realizado han logrado colocarse en el número 3 a nivel nacional, “esto significa que Quintana Roo sí puede salir del hoyo y trabajar para llegar a una realidad distinta”.
Mencionó que, tras un trabajo realizado por el Instituto Latinoamericano de Planeación Económica y Social, la sociedad quintanarroense externó que su preocupación más grande es la sostenibilidad de Quintana Roo y, sobre todo, contar con un estado de derecho.
“Si no tenemos un estado de derecho sólido no podemos lograr ningún otro sueño que nos estamos proponiendo”, precisó.
Resaltó que el estado ha dado pasos sólidos en tema de apertura gubernamental y liderazgo a nivel subnacional en fortalecer el sistema de gobierno.
El año pasado, el Índice de Estado de Derecho en México situó a Quintana Roo en el último lugar de la escala del estado de derecho, el cual se mide por medio de ocho factores; límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
La firma de los memorándums entre el World Justice Project y el Gobierno del Estado, el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, tienen el objetivo de corregir esta situación. (Agencia SIM)
