Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Por el delito de aprovechamiento ilícito de poder y omisión en el desempeño de la función pública, que ocasionó daños al erario por siete mil 705 millones 900 mil pesos, la secretaria de la Contraloría estatal (Secoes) inhabilitó a funcionarios de la dependencia de la pasada administración que dejaron prescribieran carpetas de investigación iniciadas en el periodo 2011-2016, correspondientes a la administración de Roberto Borge Angulo, informó la titular de la dependencia, Reyna Arceo Rosado acompañada del recién designado fiscal Anticorrupción, Edgar Ramírez Morales y el titular de la consejería jurídica, Carlos Felipe Fuentes del Rio.
La investigación, que abarca a funcionarios de nivel medio y superior de la Secretaría de la Contraloría -en la gestión de Rafael del Pozo Dergal- es por carpetas de investigación por desvío de recursos, simulación de contratos en materia de adquisición y servicios, falta de transparencia y manejo irregular de apoyos sociales a productores del campo. Sin embargo, Arceo Rosado aclaró que estas investigaciones no involucran a Carlos Joaquín González en su calidad de exgobernador del Estado.
De acuerdo con datos proporcionados en la conferencia de prensa, la afectación al erario público fue de 73 millones 528 mil 746 en la Cojudeq; 483 millones 286 mil 987 pesos en la Secretaria de Finanzas y la Unidad de Comunicación Social (unidad del vocero); 9 millones 161 mil 038 pesos en VIP Servicios Aéreos Ejecutivos; 258 mil 120 pesos en la Secretaría de Desarrollo Económico; 196 mil 585 pesos en la Secretaría de Gobierno; 550 mil pesos en la Secretaría de Turismo; 174 millones 073 mil 842 pesos en Sefiplan y Sedarpe; 48 millones 307 mil 440 pesos en el IPAE; mil 522 millones 413 mil 500 pesos en la Sedaru y Sefiplan; un millón 212 mil 694 pesos en el IEEA; 31 mil 019 pesos en la Secretaría de Salud; mil 377 millones 526 mil 238 pesos en SESA y 195 millones 898 mil 361 pesos en Sefiplan.
Además, las carpetas de investigación correspondientes al periodo de Borge Angulo que se dejaron prescribir corresponden a cinco hospitales generales y 733 centros de salud; en el tema agropecuario a 3 mil 504 kilómetros de caminos sacacosechas, 95 veces la inversión actual en el sector; en perjuicio de 546 mil 248 potenciales beneficiarias de Mujer es Poder y 516 mil 900 potenciales beneficiarias de comemos todos y todas; la afectación de 300 mil familias del programa Piso Firme, 51 mil familias por la construcción de un cuarto dormitorio y 42 mil familias por la construcción de un baño en materia de infraestructura social.
Además 15 mil 502 becas para mujeres en educación superior, 341 mil 709 becas para educación básica, 75 mil 338 apoyos a estudiantes para mochilas y útiles escolares y 5 mil 137 nuevas aulas en todo el Estado en materia de educación y una obra similar al puente Nichupté, mil 051 kilómetros de carretera para construir 13 mil 900 kilómetros de carretera para dar mantenimiento.
La secretaria de la Contraloría hizo referencia a la ley de responsabilidad de servidores públicos y sus modificaciones y reconoció que la transición no ha sido sencilla “en muchos de los casos las acciones del pasado quedaron atrapadas en vacíos legales o la incompetencia de las autoridades anteriores” y que el gobierno de Mara Lezama recibió en septiembre de 2022 513 expedientes de responsabilidad administrativa de los cuales 184 estaban activos correspondientes al periodo 2011 a 2016.
Del 1 de junio de 2023 a 30 de junio de 2024 se han aplicado 65 sanciones de las cuales 47 corresponden a funcionarios inhabilitados. Aunque hasta el momento no han denuncias penales. Las sanciones corresponden a la entrega fuera de plazo de las declaraciones patrimoniales o faltas administrativas.
Insistió que los funcionarios de la Secoes en el periodo de Carlos Joaquín González actuaron en forma negligente “perdiendo la oportunidad de investigar desvío de recursos, mal manejo de fondos y desvío de recursos destinados a programas sociales”. El panorama es alarmante porque millones de pesos quedaron sin explicación clara y los plazos legales han prescrito y se interpusieron las denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción para que no quede impune la actitud de exfuncionarios de la Secoes”.
Puntualizó que el daño patrimonial ocasionado al erario es muy difícil que se pueda recuperar porque han prescrito los plazos establecidos en la ley, pero aclaró que harán el mejor esfuerzo.
Por su parte, Edgar Ramírez, recién designado fiscal anticorrupción dijo que heredó de su antecesora (Rosaura Villanueva Arzápalo) más de 854 expedientes de la pasada administración y que revisará cada uno de los expedientes para ganar la confianza de la ciudadanía.
Reiteró que la investigación de la Secoes es omisión en el desempeño del servicio público contra servidores de nivel medio y superior que dejaron prescribir casos de suma relevancia y dejaron expuesto al gobierno del Estado que registró un daño a su erario. (Noticaribe)
