Alejandro Murat achaca a Penchyna ‘pago indebido’ de 5 mil mdp en Infonavit

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CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El senador Alejandro Murat, exdirector de Infonavit, acusó a su excorreligionario David Penchyna de haber realizado un pago “indebido e inexplicable” por 5 mil millones de pesos cuando dirigió esa institución durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, publicó Expansión Política.

A través de un video, Murat se deslindó de la red de corrupción que esta semana destapó el director del Infonavit, Octavio Romero, que incluye indemnizaciones injustificadas a empresas y triangulación de recursos, entre otras irregularidades.

“Durante mi gestión, el instituto logró otorgar más de un millón y medio de créditos y mantener finanzas con las más altas calificaciones. Fue la gestión de mi sucesor en el Instituto, David Penchyna, la que realizó un pago indebido e inexplicable por 5 mil millones de pesos”, señaló.

“Esa ilegalidad fue sancionada por la Fiscalía General de la República y fueron aprehendidos el secretario general y el subdirector jurídico de esa administración”, agregó Murat en el video subido a redes.

El legislador morenista, quien antes estuvo en las filas del PRI, afirmó que, como director de esa institución (2012-2015) siempre trabajó apegado a la ley y guiado por los principios de honestidad, transparencia y buen gobierno.

“El actuar de particulares, despachos, empresas y notarios, involucrados en el proceso de formalización de los créditos siempre fue auditado por las áreas del instituto durante mi gestión, cualquier anomalía que fue detectada tuvo la sanción correspondiente”, recalcó.

Esta semana, durante la mañanera, Romero reveló que durante el gobierno de Peña Nieto se cometieron actos de corrupción en esa institución como indemnizaciones injustificadas, incumplimiento de contratos, triangulación de recursos, financiamiento de viviendas que no fueron concluidas y reventa de propiedades.

Romero afirmó que en la red están involucrados trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y peritos valuadores. Enlistó una serie de casos en los que se detectó que el Infonavit contrató servicios que nunca fueron prestados o concluidos.

Por ejemplo, indicó Romero, en 2014 se contrató a Telra Realty para habilitar una plataforma para administrar soluciones de vivienda de acreditados que cambiaban de lugar de residencia.

El trabajo no se entregó y, en lugar de que se penalizara a la empresa, el Consejo de Administración indemnizó a los socios con 5,000 millones de pesos, de los cuales sólo se han recuperado 2 mil.

Durante la administración del priista hubo dos titulares del Infonavit: Alejandro Murat Hinojosa (2012-2015) y David Penchyna (2015-2018).

Murat argumentó que que, poco antes de dejar la dirección del Infonavit, inició las gestiones para crear un programa de movilidad hipotecaria para facilitar el intercambio de vivienda y crear el llamado “mercado secundario”.

“El programa fue aprobado en su momento por los comités y el consejo de administración y, subrayo, no implicaba erogación o contraprestación alguna por parte del instituto, ya que el riesgo y costo eran responsabilidad de la empresa y lo desarrollaría”, apuntó.

“La siguiente administración (de Penchyna) le dio continuidad al programa, pero decidió cancelarlo más de medio año después, lo cual era totalmente posible, sin ninguna responsabilidad o pago por parte del Infonavit. Durante mi gestión, ninguna obra realizada por ese programa tuvo denuncia alguna”, enfatizó.

Respalda reforma

Murat se pronunció a favor de la cuestionada reforma al Infonavit, con el argumento de que amplía las capacidades del instituto, da una ruta humanista y social, conserva su espíritu tripartita y mantiene capacidades de control y vigilancia.

“Pero incorpora una capa más de control con la Auditoría Superior de la Federación para evitar futuras prácticas indebidas. En el caso del financiamiento de créditos, también mantiene su exitoso modelo con desarrolladores inmobiliarios para atender a derechohabientes con ingresos por arriba de los cinco salarios mínimos”, añadió.

“Pero agrega nuevas capacidades al instituto para cubrir las demandas de los derechohabientes por debajo de los cuatros salarios. Define claramente la rectoría del gobierno como responsable de encaminar los trabajos en favor de los derechohabientes”. (Fuente: Expansión Política)

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