Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Tras las reformas al Código Penal y la Ley de Movilidad que endurece las sanciones contra aquellas personas que realicen manifestaciones y bloqueos en Quintana Roo, las colectivas feministas unieron sus voces para rechazar todo acto de represión del gobierno hacia madres buscadoras de familiares desaparecidos y mujeres víctimas de violencia vicaria, lo cual consideran violatorio al derecho de manifestación por lo que calificaron a tal ley como la “ley garrote”.
Expresaron que, en lugar de criminalizar la protesta, el Estado debe garantizar verdad, justicia y mecanismos reales de diálogo al tiempo que exigieron respeto al derecho de manifestación y soluciones reales a las problemáticas que obligan a las mujeres y a los diferentes colectivos a salir a las calles.
A través de sendos comunicados, la Red Feminista Quintanarroense (RFQ), Marea Verde, así como el colectivo Xtabay y las que integran mujeres que buscan a familiares desaparecidos o que sufren violencia vicaria, entre otras, afirmaron que el Estado pretende criminalizar las manifestaciones que realizan quienes no han sido atendidas en sus demandas en lugar de atenderlas para darles solución.
El Colectivo femenil Xtabay manifestó, incluso, que las reformas hechas fueron aprobadas “por la presidenta de la Comisión de Justicia -Paola Moreno Córdova- quien enfrenta señalamientos de haber cometido hechos posiblemente constitutivos del delito de Violencia Familiar en el caso de la menor de edad de nombre Jimena mientras que el papá Emiliano Ramos está tras las rejas por un supuesto delito que ni está comprobado ni amerita semejante medida”.
Cuestionó que, bajo estas circunstancias, quién necesita coherencia cuando tienes que aprobar reformas presentadas por la primera mujer gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, que “avanza con “paso firme” y creen que metiendo a la cárcel a los y las Defensoras de Derechos Humanos se puede ocultar la verdad.
Insistieron en el hecho de la prohibición de manifestaciones “pero si la autoridad no les resuelve nada, tampoco podrán manifestarse, pues les tiembla la mano ante los delincuentes, pero no ante las personas que exigen justicia y quienes pueden ir a la cárcel”.
Por su parte, la RFQ afirmó que el Estado criminaliza las manifestaciones de quienes buscan la aplicación de la justicia “ya que cada vez son más los grupos de personas que, cansadas de tanta violencia, se organizan para visibilizar las omisiones de la estructura de gobierno, señalar los actos de corrupción, exigir un alto a la permisividad y encubrimiento y mandar un mensaje claro: la sociedad está cansada y harta de tanta simulación”.
Manifestaron que la respuesta del Estado frente a esas formas de expresión han sido la represión y criminalización, alentando el discurso de odio e intolerancia que existe en contra de dichos grupos, además de persecución, apertura de carpetas de investigación, desalojos, detenciones arbitrarias, desaparición de personas, dispersión o desconcentración forzada, amenazas e intimidación en contra de defensores y defensoras de derechos humanos y de personas periodistas, amenazas contra la integridad de las familias de quienes se atreven a levantar la voz e incluso asesinatos de quienes lideran o son parte de esos movimientos, buscando intimidar a todas las demás personas que defienden las causas.
Tras exponer la argumentación jurídica y la postura de organismos internacionales defensores de los derechos humanos, la RFQ afirmó que las manifestaciones no son un capricho, sino un grito de auxilio. Penalizarlas solo evidencia la falta de voluntad para atender las causas de fondo y cuestionó si van a encarcelar a quienes buscan a sus hijas e hijos o a quienes denuncian la violencia machista. (Noticaribe)
