Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- A menos de un mes de la elección extraordinaria para designar a funcionarios del Poder Judicial en Yucatán, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) enfrenta serias dificultades financieras que ponen en riesgo la operación del proceso. Así lo admitieron el presidente del organismo, Moisés Bates Aguilar, y los consejeros Carlos Dzib Pech y Alberto Rivas, quienes confirmaron que actualmente no cuentan con los recursos necesarios para solventar todos los gastos logísticos y administrativos requeridos.
Uno de los factores que agravan la situación es la deuda pendiente con el Instituto Nacional Electoral (INE), que asciende a más de 8.6 millones de pesos. Hasta el momento, el Iepac solo ha logrado cubrir el 41% del adeudo, correspondiente a convenios previos firmados con el órgano electoral federal. Esta deuda fue generada por la colaboración en procesos anteriores, y su pago parcial ha dejado en una situación vulnerable al instituto local justo en medio de una jornada electoral extraordinaria.
“Reconocemos que aún debemos más de ocho millones de pesos al INE, aunque ya se ha cubierto una parte importante. El resto lo iremos gestionando conforme avance el proceso”, indicó Bates Aguilar al ser cuestionado sobre la disponibilidad presupuestal. Sin embargo, no especificó si el gobierno estatal o alguna dependencia federal apoyará con recursos adicionales para garantizar que la elección pueda llevarse a cabo sin contratiempos.
La situación en Yucatán refleja una problemática nacional, ya que el INE ha advertido que varios Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) del país atraviesan una crisis financiera que compromete la organización de las elecciones judiciales en distintos estados. En el caso particular de Yucatán, los recursos asignados resultan insuficientes ante la magnitud del proceso y las exigencias técnicas que implica coordinarlo.
A pesar del panorama adverso, las autoridades electorales locales aseguran que continúan trabajando para garantizar que la jornada se desarrolle conforme a los principios de legalidad, certeza y transparencia. Sin embargo, reconocen que el cumplimiento de estos objetivos dependerá de que se logren gestionar los recursos faltantes en las próximas semanas. (Noticaribe)
