La presidenta Claudia Sheinbaum defendió públicamente a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, luego de que Estados Unidos revocara las visas de no inmigrante tanto a ella como a su esposo, Carlos Torres. Ante las solicitudes de partidos de oposición, como el PAN y el PRI, para que Ávila sea excluida de las mesas de seguridad y de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Sheinbaum cuestionó los argumentos detrás de estas peticiones.
“¿Y por qué? ¿Qué argumentos tienen? La embajada de Estados Unidos dice que ese tema no se comparte porque es un asunto privado. Pero estos que entregaron al país, que permitieron el injerencismo, ahora sí, que Marina no participe en la mesa de seguridad, ¿qué argumento tienen? Ninguno”, declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina del 14 de mayo .
La presidenta también señaló que, según la embajada de Estados Unidos, el retiro de visas es considerado un asunto privado y no se proporciona información al respecto. Sin embargo, Sheinbaum enfatizó que si se trata de un tema político, entonces las autoridades estadounidenses deberían informar al gobierno mexicano.
En medio de este contexto, han surgido versiones sobre la existencia de una “lista negra” del Departamento de Estado de EE.UU., que incluiría a al menos 44 funcionarios y políticos mexicanos, entre ellos gobernadores, alcaldes y legisladores de Morena . Aunque no se ha confirmado oficialmente, se especula que esta lista podría estar relacionada con investigaciones por presuntos vínculos con actividades ilícitas.
La situación ha generado tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos, especialmente en un momento en que la relación bilateral enfrenta desafíos en temas de seguridad y migración. La falta de comunicación por parte del gobierno estadounidense ha llevado a la administración de Sheinbaum a expresar su preocupación y a exigir respeto y transparencia en las decisiones que afectan a funcionarios mexicanos.
Mientras tanto, la gobernadora Marina del Pilar Ávila ha negado tener cuentas bancarias en el extranjero y ha calificado la revocación de su visa como un tema administrativo sin base legal o penal . La oposición, por su parte, continúa exigiendo explicaciones claras sobre los motivos detrás de esta medida y su posible impacto en la gobernabilidad de Baja California. (Agencias)
