Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Un nuevo impuesto del 5% a las remesas, actualmente en discusión en el Congreso de Estados Unidos, podría tener un fuerte impacto económico en los hogares del sureste mexicano. De aprobarse esta medida, los municipios de la Península de Yucatán —que abarca los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo— perderían más de 50 millones 900 mil dólares en envíos de dinero provenientes del extranjero, lo que equivale a cerca de 963 millones de pesos al tipo de cambio actual.
El cálculo se basa en las cifras del Banco de México correspondientes a 2024, que indican que la región peninsular recibió en total 1,018 millones 790 mil dólares en remesas. Este flujo de dinero representa una fuente vital de ingreso para miles de familias que dependen del apoyo económico de sus familiares radicados en Estados Unidos y otras partes del mundo. El impuesto propuesto afectaría directamente la cantidad que llega a manos de los receptores en México, disminuyendo su capacidad adquisitiva.
Yucatán, por ejemplo, recibió más de 306 millones de dólares en remesas en el último año, mientras que Quintana Roo y Campeche acumularon entre ambos más de 700 millones de dólares. Aunque el impacto sería generalizado, las comunidades rurales y municipios con alta migración, como Oxkutzcab, Tekax y Valladolid, en Yucatán, o Candelaria, en Campeche, serían especialmente vulnerables ante una disminución en estos ingresos.
Este nuevo gravamen forma parte de una iniciativa promovida por sectores del legislativo estadounidense que buscan redireccionar recursos hacia temas migratorios y de seguridad fronteriza. Sin embargo, analistas y organizaciones civiles han advertido que esta medida tendría efectos adversos sobre las comunidades mexicanas, en particular las más empobrecidas, que ya enfrentan condiciones difíciles y que dependen en gran medida del dinero enviado por sus familiares.
Ante la posibilidad de que esta iniciativa avance, autoridades locales y representantes del sector migrante han comenzado a expresar su preocupación, pues temen que el nuevo impuesto debilite una de las principales fuentes de ingreso para miles de familias yucatecas, campechanas y quintanarroenses. También hacen un llamado a la Cancillería mexicana para establecer mecanismos de defensa y diálogo diplomático que frenen la implementación de esta medida y protejan el bienestar económico de las comunidades transnacionales. (Noticaribe)
