Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Integrantes del Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán sostuvieron este martes una reunión de tres horas con el gobernador Joaquín Díaz Mena en el Palacio de Gobierno, en un encuentro que calificaron como respetuoso y abierto al diálogo. En la mesa también participaron el secretario general de Gobierno, Omar Pérez Avilés, y la titular de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), Sisely Burgos Cano.
Durante el encuentro, las autoridades estatales presentaron una serie de programas que buscan atender diversas problemáticas que enfrentan las mujeres en Yucatán, desde la violencia de género hasta la falta de autonomía económica, pasando por la necesidad de espacios de participación ciudadana.
Uno de los proyectos centrales es la creación de 31 Centros LIBRE, que sustituirán a los centros de atención que existían anteriormente en el estado. Estos nuevos espacios —cuyo nombre hace referencia a los ejes de Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes comunitarias y Emancipación— están diseñados para brindar atención especializada a mujeres en situación de violencia. Las autoridades explicaron que estos centros buscarán consolidarse como nodos de prevención, contención y orientación jurídica, psicológica y social, con presencia en todo el estado.
También se dio a conocer el programa “Tejedoras de la Patria”, que tiene como objetivo fortalecer la participación ciudadana de las mujeres mediante el otorgamiento de un apoyo económico de 6,600 pesos. Este subsidio pretende incentivar su involucramiento en procesos comunitarios, iniciativas sociales o redes de cuidado colectivo, reconociendo así su rol como agentes de transformación local.
En cuanto a la atención a víctimas indirectas de feminicidio, el gobierno estatal implementará un esquema de subsidios para personas cuidadoras, que contempla un apoyo bimestral de 4,000 pesos, así como acceso a servicios de salud y educación. La propuesta busca visibilizar y respaldar a familiares, especialmente abuelas y madres, que asumen la crianza de hijas e hijos de mujeres asesinadas.
En materia de seguridad, se presentó una estrategia para habilitar botones de pánico en 175 tiendas de conveniencia a lo largo del estado. Esta medida busca ofrecer un mecanismo de auxilio inmediato para mujeres que se encuentren en situaciones de riesgo por violencia, aprovechando la capilaridad de estos establecimientos en comunidades urbanas y rurales.
La Secretaría de las Mujeres también informó que ha fortalecido su área de formación y capacitación. A la fecha, se han realizado 36 talleres sobre derechos humanos, perspectiva de género, no discriminación e interculturalidad, dirigidos a más de 4,600 mujeres y 2,600 hombres de sectores públicos, privados y educativos.
Otra línea de acción consiste en la creación de una base de datos estatal de mujeres en situación de violencia, con la intención de agilizar los tiempos de atención y canalización, y ofrecer un seguimiento más integral en cada caso.
Por último, se mencionó el trabajo realizado en los Centros de Desarrollo Integral para las Mujeres, espacios donde se fomenta la autonomía física, económica y de toma de decisiones. A través de estos centros se han impartido 90 talleres con una cobertura de 1,629 mujeres beneficiadas, enfocándose en temas como emprendimiento, salud integral y liderazgo comunitario.
Aunque las representantes del Frente reconocieron la amplitud de los programas y la disposición del gobierno estatal para construir estrategias conjuntas, también expresaron su preocupación por la orientación general de las políticas públicas, que consideran determinadas en gran medida desde el gobierno federal.
“Observamos con preocupación la poca flexibilidad del gobierno central para que los estados atiendan sus propias necesidades. Los programas nacionales, aunque útiles, limitan la posibilidad de implementar estrategias diseñadas desde y para Yucatán”, señalaron en un pronunciamiento conjunto.
Además, señalaron que persisten omisiones importantes: problemáticas como la violencia sexual infantil y adolescente, la falta de aplicación efectiva de la Norma Oficial Mexicana 046, el despido de personal capacitado o las formas de violencia institucional no han sido abordadas con la urgencia requerida.
A pesar de ese panorama, destacaron la voluntad del gobernador Joaquín Díaz Mena y su equipo para establecer canales de comunicación directa con la sociedad civil y construir políticas más cercanas a la realidad local. Como parte del seguimiento, se acordó mantener mesas de diálogo permanente para evaluar los avances de los programas y proponer ajustes en su implementación.
El pronunciamiento fue firmado por las activistas Bertha Elena Munguía Gil, Leticia Murúa Beltrán, Adelaida Salas Salazar, Gina Villagómez Valdés, Maritere Munguía Gil, Ligia Vera Gamboa, Milagros Herrero Buchanan y Nancy Walker Olvera. (Noticaribe)
