Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Debido a que su denuncia se encuentra congelada en la Fiscalía General del Estado desde el 2023, empresarios originarios de la Ciudad de México expusieron el fraude inmobiliario del que fueron objeto al adquirir dos terrenos en la comunidad de Calderitas por parte de un grupo dedicado a esta actividad desde hace varios años y en el que están involucradas autoridades de la Sedatu y notarios de la ciudad de Chetumal.
En conferencia de prensa, los afectados Juan Cortez y Jessica Urías acompañados de su abogado Jesús Contreras explicaron que adquirieron las propiedades por un monto de cuatro millones de pesos a quienes identificaron como Emanuel Zarzosa y su hermano Daniel, Leonardo Álvarez Campusano y Jesús Lagos. sin embargo, después de iniciar la limpieza y bardeado del terreno e incluso la colocación de energía eléctrica aparecieron los verdaderos propietarios.
Nosotros decidimos invertir nuestros ahorros de toda la vida confiando en las declaraciones de la gobernadora, Mara Lezama, de que las inversiones eran seguras, que todo estaba tranquilo, pero nos encontramos con este engaño y la complicidad de la fiscalía que prácticamente mantiene congelada la denuncia, manifestó.
Explicó que confiaron en la legalidad de la adquisición ya que las personas denunciadas les mostraron documentos de la SEDATU e incluso se realizó la certificación de firmas y de títulos de propiedad ante el notario 109 Manuel Chejín Pulido y que, a final de cuentas, resultaron falsos todos los documentos.
Por su parte, el abogado de la parte afectada explicó que este grupo de personas se ha dedicado al fraude inmobiliario desde hace más de 20 años ya que logró identificar el mismo modus operandi en Cancún, Bacalar, Mahahual, Calderitas, Cozumel. Incluso dijo que Álvarez Campusano tiene un brazalete de seguimiento por parte de las autoridades judiciales pero que, de manera extraña, ha librado la acción de la justicia y se sigue dedicando a esta actividad ilícita.
Dijo que la denuncia por fraude inmobiliario quedó asentada en los expedientes 5351/2024 y 5352/ 2024 que incluye hasta el notario público.
Recordó que desde el 2020 hay otra denuncia interpuesta por la afectación contra Leyda Brito Alpuche en Bacalar por un monto de 20 millones de dólares que tampoco ha prosperado.
Están matando la gallina de los huevos de oro porque las autoridades permiten este tipo de fraudes que afectan la imagen de Quintana Roo, afirmó.
Los afectados pidieron la intervención de a la gobernadora para que se haga justicia. (Noticaribe)
