Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX. – Al insistir en que los ayuntamientos deben tomar en cuenta a la población en la toma de decisiones y evitar efectos de invalidez, como ocurrió con el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de 2022 en el municipio de Benito Juárez, la representante de la asociación Política Colectiva, Pamela Pérez Gómez, consideró urgente que los municipios modifiquen sus reglamentos e incorporen más mecanismos de participación ciudadana.
En el caso de la iniciativa de reforma a la Ley de Participación Ciudadana —presentada por 24 organizaciones a la XVII Legislatura— se contempla un artículo transitorio en el que, de ser aprobada, los ayuntamientos dispondrían de 120 días para modificar sus reglamentos e incluir los nuevos mecanismos que permitan a la población involucrarse en la toma de decisiones.
Respecto al presupuesto participativo, explicó que la propuesta plantea que los ayuntamientos destinen al menos un 5% de sus recursos de libre disposición para que la ciudadanía proponga obras realmente necesarias. “No es posible que en Benito Juárez, un municipio con altos niveles de recaudación, apenas se hayan destinado 33 millones de pesos para este año”, lamentó.
De aprobarse la iniciativa entregada al Congreso, Benito Juárez tendría que destinar cerca de 300 millones de pesos, y la ciudadanía, a través de convocatorias públicas, tendría la posibilidad de proponer proyectos técnicamente viables, que posteriormente se someterían a consulta ciudadana.
Pérez Gómez recordó que la falta de consulta a la población y a organizaciones provocó que se declarara inválido el PDU de 2022 en Benito Juárez, y que se ordenara la elaboración de uno nuevo, ahora sí con mecanismos de consulta pública. Agregó que es necesaria una mejor planeación, ya que actualmente las vías de comunicación entre la autoridad municipal y la ciudadanía “parecen estar cerradas”. (Noticaribe)
