Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- El caso de devastación ambiental en zonas protegidas de Sisal está en proceso de judicialización, y en los próximos días podrían conocerse los primeros resultados de la investigación que busca determinar a los responsables, informó Guillermo Porras Quevedo, delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Yucatán.
En entrevista, el funcionario explicó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ya entregó a la Fiscalía las pruebas que respaldan el caso, en el que un grupo de nuevos pobladores invadió y depredó áreas naturales costeras consideradas de conservación.
“Un grupo importante de habitantes aceptó participar en las labores de reforestación para recuperar el espacio dañado, pero otro grupo decidió mantenerse en la invasión, e incluso ha amedrentado a vecinos de la zona”, señaló.
Las tierras en disputa, subrayó Porras Quevedo, son terrenos nacionales ganados al mar, por lo que su uso está restringido exclusivamente a fines de conservación. “Son bienes inalienables, imprescriptibles e improductibles. Esa es su naturaleza jurídica y así debe respetarse”, recalcó.
El delegado advirtió que, de comprobarse el daño ambiental, los responsables podrían enfrentar sanciones penales, no sólo administrativas. “Estamos hablando de un delito ambiental. Si el caso se judicializa y se determina culpabilidad, las sanciones incluyen prisión y la obligación de reparar el daño ecológico”, puntualizó.
Además del caso en Sisal, la Semarnat ha detectado otras afectaciones similares en diversos municipios de Yucatán. Mencionó el caso de Chablekal, donde fue abierto un camino en plena selva para lo que podría ser un banco de materiales; y también en Kinchil y San Crisanto, donde desarrollos no regulados están alterando el equilibrio ambiental.
“En varias zonas están actuando como si nadie los viera, pero ya estamos interviniendo. Esto no es una amenaza, es la aplicación de la ley”, sostuvo.
Porras Quevedo enfatizó que el objetivo de la autoridad ambiental no es confrontar a la población, sino garantizar el cumplimiento de la ley y proteger los ecosistemas. En ese sentido, recordó que el gobierno estatal ofrece alternativas habitacionales para quienes buscan asentarse en zonas costeras, a través del programa Casas de Bienestar.
“No se puede seguir delinquiendo. La autoridad es respetuosa, pero también tiene la obligación de actuar. La protección del medio ambiente es una de las prioridades más altas del Gobierno Federal”, declaró.
El delegado también lamentó la falta de conciencia sobre el valor de los recursos naturales y aseguró que la Semarnat está abierta al diálogo con desarrolladores y grupos empresariales. “No se trata de estar en contra del desarrollo, sino de hacerlo conforme a derecho. Hemos invitado a las cámaras a acercarse para conocer el marco legal y trabajar en consecuencia”, dijo.
Reiteró que no todo terreno es susceptible de transformación y que es necesario respetar las condiciones ambientales establecidas para cada zona.
“La oficina regional norte de Semarnat está abierta para brindar orientación. No buscamos perseguir, sino regular y encontrar un equilibrio entre el desarrollo humano y la conservación del entorno”, finalizó.
Asimismo, anunció que ya se han puesto en marcha acciones de restauración ecológica, como reforestaciones y compensaciones ambientales, especialmente en manglares, selvas y bosques costeros.
“Quienes deseen desarrollar en Yucatán deberán hacerlo con una visión clara de sostenibilidad. La conservación no es una opción: es una obligación”, concluyó. (Noticaribe)
