Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- La frase “preferencias sexuales”, usada durante años en la legislación local, podría pronto quedar en el pasado. Una iniciativa presentada por Larissa Acosta Escalante, de Movimiento Ciudadano, propone reformar el Artículo Segundo de la Constitución Política del Estado de Yucatán para sustituir ese término por categorías reconocidas internacionalmente y con enfoque de derechos humanos: orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales.
El ajuste lingüístico, aparentemente menor, representa un cambio profundo en términos jurídicos y simbólicos. “Parece una palabra, pero es mucho más: es dignidad, visibilidad y justicia”, sostuvo Acosta desde la tribuna legislativa.
La reforma busca alinear la Constitución estatal con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y con los tratados que México ha suscrito. De aprobarse, colocaría a Yucatán entre las entidades que han comenzado a actualizar su marco legal para reconocer plenamente a las personas de la diversidad sexual y de género.
Durante su intervención, Acosta relató el testimonio de un amigo víctima de las mal llamadas terapias de conversión, conocidas como ECOSIG. “Lugares que no curan nada, porque no hay nada que curar, pero que sí destruyen todo lo que encuentran”, dijo. El discurso, cargado de denuncia y empatía, sirvió para ilustrar por qué el lenguaje legal no es un asunto meramente técnico.
“Cuando una Constitución nombra a todas las personas como sujetas de derechos, se abren puertas a la protección, a la reparación y a la no repetición”, señaló.
Acosta destacó que la eliminación del término “preferencias sexuales” es parte de una transformación más amplia, pues este concepto implica una elección y no refleja la identidad real de las personas LGBT+. “Sustituirlo por un lenguaje que reconoce la orientación y la identidad como parte intrínseca del ser humano es indispensable para construir leyes que no discriminen desde el papel”, puntualizó.
La reforma llega en un contexto alarmante: Yucatán ocupa el primer lugar nacional en discriminación y, al mismo tiempo, es el segundo estado con mayor población LGBT+, con un 8.3%. Para Acosta, esta coincidencia no es casualidad: es una señal urgente de que las leyes deben evolucionar.
“El lenguaje constitucional debe ser claro y protector. No podemos seguir permitiendo que miles de personas queden fuera del marco de derechos simplemente por no estar nombradas”, advirtió.
El texto propuesto también visibiliza las múltiples violencias que derivan de la discriminación: física, emocional, simbólica, económica, institucional, médica y digital. “Si algo se repite en todas ellas es una constante: la discriminación”, subrayó.
La iniciativa presentada no solo corrige una omisión legal, sino también una deuda histórica. “Hoy no solo estamos cambiando palabras. Estamos sumando a la construcción de un Yucatán donde quepan todas las identidades, todos los cuerpos y todos los amores”, afirmó Acosta.
Antes de concluir, agradeció a colectivos y activistas que han impulsado estas transformaciones desde la sociedad civil, como LGBT+ Rights, Colectivo S3D, Ana Medina y Rowan Madrid.
De ser aprobada, esta reforma marcaría un precedente legal en el sureste mexicano, al reconocer de forma explícita los derechos de la población LGBT+ y brindar herramientas más sólidas para combatir la discriminación. (Noticaribe)
