La virtual designación de Hugo Aguilar Ortiz como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras la polémica elección judicial del domingo opacada por el abstencionismo marca un hito histórico: sería el primer indígena en ocupar este cargo desde Benito Juárez. Sin embargo, su trayectoria genera cuestionamientos sobre su papel en la defensa de los derechos indígenas y su participación en proyectos gubernamentales controversiales.
Aguilar Ortiz, abogado mixteco originario de Oaxaca, ha sido reconocido por su labor en la defensa de comunidades indígenas. No obstante, durante su gestión como coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), encabezó las consultas para la construcción del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles .
Estas consultas han sido criticadas por organizaciones como la ONU-DH y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), que señalan que no cumplieron con los estándares internacionales de derechos humanos. Se reportaron presiones institucionales y falta de información clara y suficiente para las comunidades indígenas .
La participación de Aguilar Ortiz en estos procesos plantea dudas sobre su independencia y compromiso con los derechos de los pueblos originarios. Su cercanía con la administración de López Obrador y su papel en la promoción de megaproyectos cuestionados por su impacto ambiental y social generan inquietudes sobre su futura actuación en la SCJN.
Aunque su origen indígena y su trayectoria en la defensa de derechos son aspectos destacables, es fundamental evaluar su desempeño en función de su capacidad para garantizar la justicia y proteger los derechos de las comunidades, especialmente frente a proyectos que pueden afectar sus territorios y modos de vida.
La presidencia de la SCJN requiere de una figura que actúe con imparcialidad y firmeza en la defensa de los derechos humanos y el estado de derecho. La trayectoria de Aguilar Ortiz, marcada por su participación en consultas cuestionadas, plantea interrogantes sobre su idoneidad para liderar el máximo tribunal del país en un momento crucial para la justicia en México. (Agencias)
