Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- En un operativo que llamó la atención de vecinos y automovilistas de la zona norte de Mérida, los hermanos Armando y Malena Palma Vargas ejecutaron este martes una orden judicial para trasladar a su padre, el ingeniero Armando Palma Peniche, a su residencia en la colonia Campestre. La acción judicial fue respaldada por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Estatal de Investigación (PEI), generando un amplio despliegue de unidades oficiales en la zona.
El empresario, conocido por su trayectoria en el sector de la construcción, se encontraba desde hace más de un año en un departamento de la Torre Aqua, en el complejo Country Towers, propiedad de su hija Hevenly Palma Vargas. Según versiones recabadas, se encuentra en buen estado de salud. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) confirmó que la intervención formó parte de una investigación en curso, sin ofrecer mayores detalles, con el fin de no entorpecer las diligencias ministeriales.
Por su parte, Armando Palma Vargas, hijo del empresario, ofreció su versión a medios locales y calificó la acción como un “rescate”. “Hace 14 meses mi hermana se llevó a mi papá a su casa, con intenciones de que no podamos verlo. Para el 2 de mayo del año pasado ya había un testamento nuevo y registros de movimientos sospechosos; después se intentó destruir el fideicomiso de la empresa familiar”, señaló. Añadió que, pese a las denuncias interpuestas, las irregularidades continuaron, y que su hermana desobedeció en dos ocasiones las órdenes de la jueza que solicitaban estudios médicos para valorar la voluntad de su padre.
Palma Vargas aseguró que ahora que su padre está de nuevo con ellos, se realizarán los estudios correspondientes para descartar cualquier alteración de su voluntad. “Sé que ahora, por influencia de mi hermana, se está diciendo mucho en redes sociales que se trató de un secuestro, pero las cosas no fueron así”, declaró. También informó que la próxima semana está programada una audiencia judicial relacionada con el caso.
Finalmente, tanto la SSP como la FGE reiteraron que actuaron conforme a una orden judicial y a los protocolos establecidos, ejecutando una orden de cateo dictada por un juez de control. Las autoridades pidieron a la ciudadanía no difundir versiones no confirmadas y mantenerse atentos únicamente a los canales oficiales para futuras actualizaciones sobre el caso. (Noticaribe)
