Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Luego de la elección de personas juzgadoras y en vísperas de modificaciones en la estructura administrativa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) con la integración de los nuevos magistrados a partir del 3 de septiembre, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaron poner fin a la controversia constitucional interpuesta desde el año 2023 por el aún magistrado presidente Heyden Cebada Rivas contra la gobernadora, Mara Lezama; la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, y los diputados integrantes de la XVII legislatura contra la determinación de reducirles el presupuesto así como los sueldos de los integrantes bajo el argumento de una disciplina financiera y el acuerdo de austeridad anunciado desde el inicio de este quinquenio.
Por unanimidad de los cinco integrantes de la SCJN se determinó sobreseer la demanda de inconstitucionalidad 161/2023 mediante la cual Cebada Rivas en su calidad de magistrado presidente del TSJ de Quintana Roo impugnó el decreto 038 por el que se aprobó el presupuesto de egresos del gobierno de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2023 y que fue publicado el 23 de diciembre de 2022 en el Periódico Oficial de Quintana Roo.
En su exigencia, Cebada Rivas pidió que se le conceda al TSJ el presupuesto solicitado para el ejercicio fiscal 2023 o en caso contrario, atendiendo el principio de irreductibilidad presupuestaria se le otorgue el presupuesto fiscal concedido para el año 2022 en rubros como materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles, inmuebles e intangibles.
Para el ejercicio fiscal 2023, el TSJ solicitó un presupuesto de mil 070 millones 526 mil 949 pesos, aunque el poder ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas le redujo 349 millones 092 mil 670 pesos y envió como propuesta de presupuesto para el Poder Judicial la cantidad de 721 millones 434 mil 279 pesos; aunque el Poder Legislativo redujo aún más esa cantidad hasta dejarla en 714 millones 631 mil 268 pesos.
Esta medida afectaba los sueldos y salarios, así como las prestaciones que debían percibir los integrantes del Pleno y demás sectores del TSJ de Quintana Roo.
Al determinar sobreseer el recurso interpuesto por el TSJ, la SCJN decidió poner fin a un procedimiento sin llegar a una resolución sobre el fondo del asunto reclamado. (Noticaribe)
