CIUDAD DE MÉXICO.– En el marco del periodo extraordinario, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular (353 votos a favor y 126 en contra) una reforma que extingue al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y transfiere sus responsabilidades al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Principales modificaciones
- Se modifican la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental para incorporar esta transición.
- Quedan derogados los artículos que otorgaban al Coneval facultades como suspender o reorientar programas sociales y establecer indicadores evaluativos.
- El INEGI asumirá oficialmente la medición de la pobreza y la evaluación integral de programas y políticas sociales, según el dictamen.
Voces del debate
- Diputada Antares Vázquez (Morena) defendió la reforma, afirmando que busca simplificar la estructura gubernamental, eliminar duplicidades y promover la austeridad.
- Héctor Saúl Téllez (PAN) advirtió que la medida representa un retroceso en mecanismos de evaluación autónoma y significa perder un contrapeso frente al gobierno en materia de pobreza.
- Lorena Piñón (PRI) coincidió, argumentando que se trata de un “golpe deliberado contra la capacidad del Estado de rendir cuentas”.
- Movimiento Ciudadano advirtió que el INEGI no tiene la infraestructura adecuada para asumir la tarea e incluso propuso intervención de universidades y la CEPAL en la evaluación.
Contexto y consecuencias
- El Coneval, creado en 2005 y operativo desde 2006, era responsable de medir la pobreza multidimensional y la eficacia de las políticas sociales. En 2022 reportó 46.8 millones de personas en pobreza.
- Su extinción implica el traslado de su presupuesto y personal (cerca de 180 empleados, solo 49 recibirán liquidación) al INEGI.
- Expertos han advertido que, aunque el INEGI tiene capacidad para recopilar datos, carece de autonomía técnica para la evaluación crítica e independiente. El riesgo es perder transparencia y rigor metodológico .
En resumen, la reforma impulsa una mayor centralización de funciones en el INEGI, con el argumento de eficiencia y austeridad, pero enfrenta fuertes críticas por poner en peligro la independencia en la evaluación de pobreza y programas sociales. (Agencias)
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