Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Colectivas feministas en Yucatán denunciaron que el programa estatal Madres Autónomas es discriminatorio, excluyente y simbólicamente violento, al mismo tiempo que instalaron un tendedero de deudores alimentarios en Mérida para visibilizar a hombres que incumplen con el pago de pensiones y afectan directamente la vida de sus hijas e hijos.
“Desde el lenguaje ya hay violencia: hablar de ‘hijos naturales’ es absurdo. ¿Acaso hay hijos de plástico o de metal?”, cuestionó Siloé Fuentes, integrante de la colectiva Ley Sabina. También criticó que el programa exige documentos actualizados y mantiene trabas burocráticas, a pesar de haber anunciado que el proceso sería ágil y accesible.
“No queremos que el gobierno nos mantenga, queremos justicia. Queremos instituciones profesionalizadas, con personal capacitado y sensible que entienda lo que significa vivir violencia económica, psicológica, sexual. Este tipo de programas dejan fuera a muchas maternidades diversas, especialmente en comunidades mayas, donde ni siquiera se han acercado”, agregó.
La protesta fue organizada en conjunto con la asociación civil Mamá Hija e Hijo en Libertad, que desde hace años trabaja en el acompañamiento a mujeres, niñas, niños y adolescentes afectados por diferentes tipos de violencia. El acto de este miércoles buscó denunciar públicamente a deudores alimentarios y hacer un llamado urgente a las autoridades para dejar de ser omisas ante esta problemática.
“Muchas veces no se reconoce la violencia económica como una forma grave de agresión, pero lo es. Las mujeres viven estrés, ansiedad, depresión. No pueden tener una crianza respetuosa cuando enfrentan una doble jornada laboral, sin ingresos suficientes y sin respaldo del otro progenitor”, explicó Luz Denise Mesa Morales, fundadora y directora de la asociación.
Mesa Morales subrayó que las infancias son las más vulneradas, pues no pueden acceder a una vida digna ni a cubrir sus necesidades básicas. Además, las madres enfrentan serias limitaciones para acceder a un empleo formal debido a la brecha salarial, la desigualdad estructural y la falta de redes de cuidado.
A ello se suma un sistema judicial lento e insensible. “Un juicio de pensión alimenticia puede durar en promedio dos años, pero tenemos casos en la asociación donde llevan más de diez. Los agresores tienen recursos para ampararse o apelar, y eso alarga indefinidamente los procesos”, advirtió.
Ambas colectivas insistieron en que la figura del “padre ausente” debe ser nombrada con claridad: “No son padres irresponsables, son agresores. Son violentadores económicos, emocionales, y muchas veces también sexuales”, afirmó Mesa.
La instalación del tendedero forma parte de una estrategia de denuncia social y política para exhibir a quienes incumplen con sus obligaciones parentales. También busca hacer presión para que el Estado garantice el acceso a la justicia y no reduzca su papel a repartir apoyos asistencialistas que no atienden las causas estructurales de la violencia.
“Las mujeres no estamos pidiendo limosna. Estamos exigiendo que se nos reconozcan nuestros derechos y los de nuestras hijas e hijos. Esta lucha no va a parar”, concluyó Siloé Fuentes. (Noticaribe)
