Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Al dejar sentado que, en el periodo ordinario que terminó el 30 de mayo, el Poder Ejecutivo se convirtió en el mejor impulsor de iniciativas, el Observatorio Legislativo manifestó que los diputados de la Décimo Octava Legislatura del Congreso dejaron pasar las propuestas enviadas por la gobernadora “sin ningún tipo de observación lo que ocasionó que fueran impugnadas por instancias federales al infringir las normas constitucionales y violentar los derechos y garantías ciudadanas”.
Al efectuar un análisis del desempeño de los diputados en el recién concluido periodo ordinario -con un cambio en la metodología para tener un mejor parámetro de comparación- el organismo señaló que 21 iniciativas fueron enviadas por la gobernadora a través de la consejería jurídica que fueron atendidas en periodo extraordinario “e impugnadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por ser inconstitucionales y excederse en sus funciones principalmente aquellas relacionadas con la Ley de Movilidad, la Ley de Expropiación, entre otras 13 reformas a leyes impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
EL SOMETIMIENTO DE PODERES CONSTITUCIONALES QUE SEGUIREMOS VIENDO
El Observatorio Legislativo señaló que muchos de los legisladores han generado iniciativas solo para tener un indicador vistoso de actividad ya que sus propuestas nunca fueron revisadas en las comisiones respectivas “y otros presentaron iniciativas para cambiar, por ejemplo, la perspectiva de género en las leyes y así con otros ejemplos”.
En este segundo periodo ordinario de sesiones por lo menos 10 iniciativas presentadas no tuvieron una relevancia ya que fueron para cambiar de nombre a tres comisiones; cambio de fechas del Parlamento Infantil y refrendo de entrega de Medalla al Mérito; 2 del diputado Jorge Sanén que promovió se incorporara el concepto de Justicia Social en la Ley de Cultura de la Legalidad con el objetivo de tener ¨una sociedad más justa e inclusiva”, mediante la distribución equitativa de los recursos, oportunidades y beneficios – no dice como se hará esa distribución- y la propuesta de establecer una semana del mes de febrero como la “semana de la Justicia social”.
El organismo ciudadano señaló que en este segundo periodo ordinario hubo una reducción de un 50 por ciento en el número de iniciativas presentadas respecto al primer periodo “por la falta de trabajo en las comisiones y porque, según trascendió, la consejería jurídica debe revisar primero los trabajos a desarrollar”.
El Observatorio Legislativo reiteró que la Décima Octava Legislatura mantiene una reducida productividad aun cuando el Poder Legislativo tiene uno de los presupuestos más altos del país con 530 millones de pesos, lo que deja en evidencia que cada decreto resulta demasiado caro. (Noticaribe)
