Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.— Tras la reanudación de la audiencia en el Centro de Justicia Oral de Mérida, la Juez Primera de Control, Diana Garrido Colonia, resolvió vincular a proceso a Rafael Echazarreta Torres, presidente del comité municipal del PRI en Mérida, por el delito de fraude específico por un monto de 12.5 millones de pesos. La denuncia fue presentada por el empresario Horacio de Freitas Da Silva, quien lo acusa de incumplir un acuerdo comercial que derivó en un perjuicio económico.
La decisión judicial se tomó luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) presentara datos y elementos de prueba que, a juicio de la autoridad, resultaron suficientes para iniciar formalmente el proceso penal. Además, se otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la defensa podrá presentar sus pruebas. El caso se enmarca en la causa penal 370/2025, por hechos ocurridos entre 2023 y 2024 en la capital yucateca.
Echazarreta permanecerá en libertad mientras continúa el proceso, pero deberá cumplir estrictas medidas cautelares. Entre ellas, portar un brazalete localizador electrónico, firmar durante los primeros tres días de cada mes, pagar una garantía económica de 40 mil pesos, no salir del estado, no acercarse a las presuntas víctimas y permanecer bajo la supervisión del Centro Estatal de Medidas Cautelares. Estas restricciones ya habían sido impuestas desde la audiencia inicial y fueron ratificadas por la juez.
Además del presunto fraude, la carpeta de investigación señala que el pasado 19 de junio el dirigente priista habría enviado personas armadas para intimidar al jefe de seguridad del empresario denunciante. De Freitas rechazó que el caso se trate de persecución política, como argumenta el PRI en sus comunicados, y afirmó que existen pruebas claras, incluidos testimonios de amenazas con armas de fuego.
“Esto no es vendetta ni revanchismo, es un tema legal con datos sólidos”, declaró.
Echazarreta llevará en libertad el proceso de desahogo de pruebas durante los próximos cuatro meses, pese a la vinculación a proceso que enfrenta por este conflicto entre particulares. (Noticaribe)
