Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- La muerte de un joven interno en un centro de rehabilitación en esta ciudad conmocionó a la comunidad y derivó en la detención de seis personas, entre ellas el director del establecimiento y varios encargados, por su presunta responsabilidad en el homicidio.
Los hechos ocurrieron el martes 15 de julio en un inmueble habilitado como anexo, ubicado en la calle 18 entre 27 y 29 del Centro de Umán. Ese día, vecinos de la colonia Santa Bárbara fueron sorprendidos por un fuerte operativo de la Policía Estatal de Investigación (PEI) y la llegada de una ambulancia municipal. Al interior del predio se encontraba sin vida David Israel M.S., de 21 años, quien llevaba seis meses internado en el lugar.
De acuerdo con testimonios preliminares, el joven habría tenido un episodio de conducta agresiva, lo que llevó al personal del centro a someterlo e inmovilizarlo. Sin embargo, su salud se deterioró rápidamente hasta que sufrió convulsiones y quedó inconsciente. Al llegar los paramédicos, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
La madre del joven presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que dio inicio a una investigación en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). De acuerdo con las autoridades, las evidencias recabadas por los agentes apuntan a que la víctima fue sometida a una práctica conocida dentro de estos centros como “la alacraneada”: lo colocaron boca abajo en el piso, atado de pies y manos, con una almohada sobre la cara que le impedía respirar.
La autopsia confirmó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por sofocación
Por este caso, un juez de control libró las órdenes de aprehensión que resultaron en la captura de seis personas: Wílbert Ismael “N”, de 54 años, originario de Mérida y director del anexo; Denis Israel “N”, de 35, exinterno y encargado, de Umán; José “N”, de 38, de Cancún; Jesús Enrique “N”, de 24, de Puebla; Christopher Jeovany “N”, de 30, de Ciudad del Carmen; y Gerardo Javier “N”, de 25, también de Mérida.
Además del proceso penal, las autoridades investigan si el inmueble contaba con los permisos para operar como centro de rehabilitación y si su personal estaba debidamente capacitado. Hasta el momento, el lugar permanece bajo resguardo mientras peritos recaban pruebas y se toman declaraciones.
Se espera que en las próximas horas la FGE emita una postura oficial y detalle las acciones legales que procederán. (Noticaribe)
