Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, está hoy prófugo y acusado de ser el presunto jefe del grupo criminal “La Barredora”, vinculado al CJNG. El reportaje de El Universal revela que Bermúdez no solo ejerció poder en el ámbito público, sino que también fundó en 2004 junto a su hermana la empresa Grupo Maber, S.A. de C.V., dedicada a participar en licitaciones con Pemex, CFE y la Comisión Nacional del Agua, con proyectos vinculados a perforación, tratamiento de petróleo y construcción de infraestructura energética, de acuerdo con un reportaje del periódico El Universal.
Documentos del Registro Público de Comercio de Tabasco señalan que Grupo Maber buscaba beneficiarse con servicios en toda la cadena petrolera, desde perforación y tratamiento hasta ductos, además de obras eléctricas y civiles. Se constituyó con 100 acciones, repartidas equitativamente entre Hernán y su hermana Elba Guadalupe Bermúdez Requena.
El reportaje también destaca que Bermúdez fue accionista de otra empresa familiar de construcción desde los años 80, Rager, S.A. de C.V., orientada a obra pública como redes eléctricas, agua y carreteras, aunque posteriormente vendió sus participaciones.
Adicionalmente, filtraciones —como las Guacamaya Leaks— vinculan a Bermúdez con actividades criminales como robo de combustibles (“huachicol”), extorsión y tráfico de drogas, consolidando su rol dentro de “La Barredora”. Actualmente, enfrenta una orden de captura y una ficha roja de Interpol.
Este caso levanta cuestionamientos sobre la mezcla de poder político, conexiones institucionales y actividades ilícitas, al tiempo que subraya la necesidad de investigar exhaustivamente sus operaciones empresariales, vínculos y la presunta complicidad en actos delictivos. (Con información de El Universal)
Contexto adicional
- Bermúdez fue colaborador cercano de Adán Augusto López, lo cual amplifica la atención mediática y política.
- Su evolución de funcionario público a empresario petrolero con nexos criminales plantea un escenario preocupante sobre la penetración de recursos ilícitos en proyectos estatales.
- La denuncia pone en el centro la urgencia de mayor transparencia en licitaciones públicas y un debate sobre la responsabilidad institucional y política en casos de corrupción y crimen organizado.
