Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.— De acuerdo con las cifras preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Yucatán se colocó nuevamente en el primer lugar nacional en la tasa de suicidios, con 14.2 muertes por cada 100 mil habitantes. Este índice no solo duplica el promedio nacional, sino que también supera las cifras de entidades como Chihuahua, Aguascalientes y Quintana Roo, evidenciando la gravedad del problema en la región.
Se trata de la tercera ocasión desde 2017 en que el estado encabeza esta estadística, lo que confirma una tendencia preocupante: pese a algunos descensos aislados, el número de muertes autoinfligidas ha mostrado incrementos constantes. Desde 2021, Yucatán supera las 300 defunciones anuales por esta causa, alcanzando un máximo histórico de 366 casos en 2022 y cerrando 2024 con 331 registros oficiales.
En cuanto a las principales causas, las lesiones por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación representaron el 85.7% de los casos, seguidas por el uso de arma de fuego, con 5.3 por ciento. El resto se debió a métodos como envenenamiento u otras formas de lesión autoinfligida. Los datos también muestran un marcado sesgo de género: el 85% de las víctimas fueron hombres, lo que coincide con patrones observados en estudios nacionales e internacionales sobre conductas suicidas.
La incidencia es particularmente alta entre la población joven. El año pasado, 26 casos correspondieron a personas de entre 10 y 19 años, de los cuales ocho eran menores de 14. Además, los grupos de 20 a 29 años y de 30 a 39 concentraron cerca de un centenar de fallecimientos cada uno, lo que revela un impacto desproporcionado en varones en edad productiva.
Especialistas advierten que estas cifras no solo reflejan una crisis de salud mental, sino también carencias en la detección temprana, atención psicológica accesible y redes de apoyo comunitario. Organizaciones civiles y profesionales de la salud mental insisten en que, más allá de la estadística, cada caso representa una vida perdida y un entorno familiar afectado, por lo que urge fortalecer políticas públicas integrales de prevención y atención. (Noticaribe)
