Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.– Representantes de comunidades de Celestún, Kinchil, Ixil y Santa María Chí, acompañados por pobladores de Molas y Baca, expusieron en conferencia de prensa avances judiciales a su favor y los retos que enfrentan en la defensa de sus territorios, denunciando despojos, proyectos inmobiliarios irregulares y criminalización de su lucha social.
En Celestún, 72 ejidatarios expulsados ilegalmente del padrón hace siete años celebraron una victoria legal en segunda instancia que les permitirá recuperar su calidad de ejidatarios y seguir defendiendo las tierras de uso común. Don Héctor Ávila recordó que han pasado más de cinco años en litigios contra un Comisariado Ejidal asesorado por Rafael Acosta Solís, que intentó despojarlos.
En Ixil, Peregrina Cutz, del Consejo Comunitario, denunció el proyecto inmobiliario “Gran Paradizo”, desconocido por la población y sin consulta previa, cuyo registro catastral pasó de 60 a más de 100 hectáreas mediante presunto fraude. Emanuel Chan alertó que la inclusión de Ixil en la Zona Metropolitana de Mérida tampoco fue informada ni consultada, y advirtió que afectará la horticultura, actividad principal del 60% de la población. “Nos quieren de servidumbre… el renacimiento maya es en realidad la exterminación de los mayas”, afirmó la ejidataria Mercedes Cocom.
En Kinchil, Federico May denunció que al menos 12 inmobiliarias amenazan más de 5 mil hectáreas de selva, operando incluso después de clausuras. Criticó que se anuncie un basurero para Celestún sin consulta previa. Gregoria Dzul acusó a la inmobiliaria Totem de seguir trabajos pese a la clausura, mientras Modesta Canul rechazó el basurero y la contaminación que generan empresas como Kekén.
En Santa María Chí, el comisario municipal Wilbert Nahuat Puc informó que ganaron un amparo contra la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) por no permitirles dar seguimiento a denuncias ambientales contra una granja porcícola clausurada pero aún en operación. La sentencia declara inconstitucional un artículo de la ley estatal que limita la participación ciudadana, y sienta un precedente que podría beneficiar a otras comunidades. Sin embargo, denunció que enfrenta un proceso penal infundado, como parte de la criminalización de su lucha.
En Molas, Ramiro Canché denunció la apropiación de un fundo legal y hasta del cementerio comunitario por parte de inmobiliarias, mientras que en Baca, Baltazar Matú acusó a Pedro Solís Millet de ocupar ilegalmente 167 hectáreas de uso común para un proyecto no autorizado, deforestando sin permisos y con apoyo del comisariado ejidal.
Finalmente, Sergio Oceransky, de la Fundación Yansa, anunció talleres los días 29 y 30 de agosto sobre “Derechos Territoriales de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas”, como parte de la preparación para la próxima consulta nacional sobre la Ley General de Pueblos Indígenas. (Noticaribe)
