Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- A escasos diez días de que entren en funciones los nuevos integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), así como jueces y juezas del Poder Judicial en Quintana Roo, el Observatorio Legislativo señaló las deficiencias del proceso exprés con el que integrantes de la XVII Legislatura aprobaron reformas a la Ley Orgánica de la Universidad Judicial del Poder Judicial y 27 artículos transitorios, cuyo contenido presenta ambigüedades en su aplicación.

Mediante un comunicado, el organismo detalló que los diputados, en un plazo de 24 horas, revisaron, analizaron y aprobaron un documento de 219 páginas, con 12 títulos y 261 artículos. Este compendio contiene la actualización normativa secundaria derivada de los cambios a la Constitución federal para fortalecer la función jurisdiccional, así como la armonización del marco normativo estatal. En él se establecen las atribuciones, competencias y obligaciones de las personas magistradas y juzgadoras.

El Observatorio destacó que la persona titular de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia será electa por mayoría de votos en la primera sesión del pleno.

Entre sus observaciones, subrayó que resulta confuso el proceso mediante el cual el Tribunal de Disciplina Judicial realizará la evaluación del desempeño de magistrados y jueces, “ya que solo establece una evaluación inicial al año o a los 90 días del nombramiento, sin definir los criterios de evaluación”. Además, aunque se crea el Órgano de Administración Judicial —responsable de la administración del Poder Judicial del Estado y de la formación de su personal—, la Ley no especifica quiénes integrarán este órgano.

El organismo advirtió que esta norma refleja un abandono constitucional respecto a la separación e independencia de los poderes del Estado.

Asimismo, recalcó que no se hace referencia al concepto de justicia social, utilizado como lema por la XVII Legislatura, aunque sí se contemplan figuras como Justicia Abierta, Justicia Digital, Consejo Consultivo, Conversatorios y Mesas Ciudadanas, “que esperemos sean implementados”.

Finalmente, el Observatorio puntualizó que, para la aplicación de estas reformas, no se prevé afectación presupuestal, lo que implica que deberán ajustarse al presupuesto vigente y que las mejoras se plantearán en el ejercicio 2026. (Noticaribe)

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