Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Habitantes de las comunidades afectadas por el establecimiento de granjas porcícolas, junto con abogados defensores de territorio, anunciaron una nueva denuncia popular regional para detener la ampliación y el establecimiento de nuevas fábricas en Yucatán.
La abogada Lourdes Medina Carrillo especificó que entre las exigencias que buscan que el Estado cumpla es tener la responsabilidad penal de las empresas porcícolas por los daños ocasionados.
“También buscamos que no se autorice o renueve ninguna Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) o cambio de uso de suelo para una nueva granja o la ampliación de alguna otra. Por ejemplo, Santa María Chi ya tiene cuatro órdenes judiciales para que paralicen las actividades de forma inmediata y eso no ha sucedido”, describió.
La denuncia será interpuesta ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
“El Código Federal de Procedimientos Civiles sí señala que la Profepa tiene la facultad, mediante acción colectiva, de que las empresas porcícolas sean condenadas a realizar reparación de daños. También la Ley Ambiental indica que la Semarnat y la Profepa pueden presentar recursos ante la Fiscalía General de la República (FGR)”, explicó la abogada.
La Red en Defensa del Agua y el Territorio Maya “To’one Ja’o’on” (Somos Agua) lleva años exigiendo justicia y cada vez lo hacen con más pruebas. Está conformada desde 2024 por representantes de organizaciones de más de 20 localidades de los municipios de Cantamayec, Chocholá, Dzoncauich, Hocabá, Hunucmá, Izamal, Kinchil, Kopomá, Maxcanú, Mérida, Teabo y Tetiz –territorios aledaños a las reservas “Biósfera de Celestún”, “Estatal Anillo de Cenotes”, “Cuxtal” y “El Palmar”.
Medina Carrillo mencionó que, de al menos 800 fábricas identificadas, sólo 9 MIAs fueron autorizadas por la Semarnat y del resto el Gobierno del Estado no ha confirmado si las autorizó la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) y de qué forma.
Uno de los hallazgos recientes que motivaron la nueva demanda fue la detección de coliformes totales y Escherichia coli en varias muestras de agua de pozos artesanales, cenotes y algunos sistemas de agua potable de las comunidades. La unidad Química-Sisal-UNAM confirmó la presencia de coliformes totales, coliformes fecales y E. coli en estas fuentes, con niveles que superan los límites permitidos para uso y consumo humano.
Investigadores de John Hopkins University realizaron un análisis de muestras de agua para identificar la fuente de la contaminación fecal en muestras de agua y polvo. El análisis permite confirmar que Pig-2-Bac está presente en muestras de agua de aguada y de pozo, indicando que la contaminación del agua proviene de materia fecal porcina.
“Ya estamos cansados de escuchar los mitos que nos dicen que esta contaminación es vieja. No, es una contaminación reciente y sigue ocurriendo”, especificó.
El abogado Jorge Fernández Mendiburu dijo que buscan una respuesta contundente de parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
“La Península de Yucatán se ha visto plagada de megaproyectos y uno de los más documentados es el establecimiento de megagranjas. Se ha notado que las afectaciones son al agua, a la selva y a los derechos humanos de las personas de los pueblos. En 2020 se presentó una primera denuncia popular regional y no hubo una acción que diera continuidad legal, sólo se quedó en la documentación que hizo Semarnat de las afectaciones”, indicó.
Al respecto, Candelario Collí Sansores, representante de la Red en Defensa del Agua y el Territorio Maya, señaló que llevan cinco años analizando los efectos en el acuífero y notan contaminación que ya afecta la salud de las personas.
Wilberth Nahuatl, comisario de Santa María Chi, detalló que la Profepa ha emitido resoluciones en contra de la empresa porcícola que pertenece a la familia Loret de Mola, además de 17 sanciones por faltar a la normatividad ambiental y una multa mayor a 14 millones de pesos que no se ha cubierto.
Matilde Dzul ejemplificó que los daños han llegado hasta a las abejas porque dependen de los montes vivos. Además, mencionó que niñas y niños de las comunidades han enfermado.
Diana Pat, habitante de San Rafael, comunicó que viven en medio de malos olores y agua contaminada, y la situación deja en evidencia la violencia social y estructural que enfrentan.
“Compañeros han sufrido violencias y amenazas por denunciar la situación. Hace ocho años realizamos una autoconsulta y la mayoría votó en contra de que se estableciera la granja de cerdos. Las muestras de agua que tomamos cada vez son peores. Las personas adultas y los niños enferman y estamos dentro de la zona de Anillo de Cenotes”, señaló. (Noticaribe)
