Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Tras justificar que el presupuesto asignado no es un gasto sino una inversión, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en Quintana Roo, Omega Ponce Palomeque dio a conocer que en este año únicamente emitieron 11 recomendaciones además de que lograron que se cumplieran seis que tenían un rezago desde el 2016.
En un escueto informe de apenas 23 minutos correspondiente a dos años al frente de la dependencia y que entregó a la Décimo Octava Legislatura del Congreso reconoció que el 86 por ciento, es decir 64 millones 653 mil pesos, de los poco más de 75 millones de pesos asignado como presupuesto 2025 se destinó al pago de servicios personales; un millón 444 mil 182 pesos, es decir el 1.9 por ciento, a materiales y suministros; un 12 por ciento, es decir 9 millones 621 mil 235 pesos a servicios generales.
Ponce Palomeque dijo a los diputados que “el presupuesto no es un gasto, sino una inversión para garantizar la paz y el bienestar social. No se trata de coincidencias políticas sino de coincidencias éticas cuanto se trata del bienestar social”.
Consideró que la Comisión de Derechos Humanos, a pesar de los más de 75 millones de pesos anuales destinados como presupuesto, atraviesa por carencias y limitaciones “pero eso es un incentivo para actuar con creatividad”.
Aseguró que el valor de una institución no está en su tamaño sino en la fuerza ética que lo integran y que la justicia cuando se ejerce con verdad, no confronta al poder sino que lo humaniza.
Ponce Palomeque dijo que, a dos años de tomar posesión del cargo de ombudsperson aún sigue enfrentado resistencias y obstáculos inesperados y desestimó la existencia de números concretos en su informe al señalar que lo más importante es la cercanía que ha logrado con la gente.
Señaló que en este año de informe dieron mil 388 cursos de capacitación y que prácticamente acabó con el rezago de 933 expedientes que databan desde el 2016 al 2022.
De acuerdo con el documento, la Cdheqroo recibió mil 441 quejas por ejercicio indebido de la función pública; violación a los derechos humanos de personas privadas de la libertad; prestación indebida del servicio público; violación al derecho a la legalidad, detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos y/o degradantes, violación al derecho a la educación y al de niños y niñas.
Las autoridades con denuncias más recurrentes fueron los fiscales del ministerio público, personas defensoras públicas, agentes de la policía ministerial y en los municipios los agentes de seguridad ciudadana y personal de la procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes. (Noticaribe)
