Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Con un retraso de poco más de seis meses, la gobernadora del Estado, Mara Lezama, envió a la Décimo Octava Legislatura del Congreso su propuesta de reforma y modificación a la ley de transparencia y protección de datos personales que permitirá la creación del Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo (IQTP) en sustitución del ahora conocido como Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IDAIP).
Este miércoles, el congreso local dio entrada a la propuesta de la ejecutiva la cual contempla modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal que permitirá al órgano garante del Poder Ejecutivo aplicar sanciones y también realizar modificaciones a la Constitución estatal para delimitar las obligaciones de funcionarios y los nuevos órganos garantes del derecho a la información pública con la creación de este nuevo Instituto.
De acuerdo con la iniciativa presentada, el o la titular del Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo solo deberá comprobar ser persona mexicana con al menos 30 años de edad y licenciatura ya que se elimina el requisito de ser quintanarroense para ocupar el cargo.
El IQTP será un órgano desconcentrado que dependerá de la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno y se encargará de supervisar el cumplimiento de las solicitudes de información de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo y de los once ayuntamientos, así como las quejas que surjan; mientras tanto, las funciones que tenia el IDAIP como órgano garante serán asumidas por el Órgano Interno de Control del Poder Legislativo, de la Comisión de los Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, así como del Ieqroo. En el Poder Judicial asumirá la responsabilidad el Tribunal de Disciplina Judicial.
En el caso de la información pública de los partidos políticos el INE queda como órgano garante de la información y en el caso de los sindicatos será responsabilidad del Centro Federal de Conciliación y el Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
En cuanto a los trabajadores , la iniciativa establece que se respetarán los derechos laborales de acuerdo con la ley burocrática estatal y la Ley Federal del Trabajo y para la liquidación el IDAIP entregará la relación de trabajadores detallada respecto a la antigüedad y la prestación del servicio para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realice los procedimientos de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables.
Con la extinción de las funciones del IDAIP quedan sin efecto los nombramientos de Magna Lozano Ocman, Claudette González Arellano y Roberto Agundis Yerena quienes fungieron como comisionados. (Noticaribe)
