Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Al reconocer que el delito de privación ilegal de la libertad se ha incrementado en Quintana Roo, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la presidenta de la Comisión de Justicia de la Décima Octava Legislatura, Paola Moreno Córdova, señaló la necesidad de aumentar las penas, sobre todo cuando las víctimas son menores de edad, personas adultas mayores o con discapacidad.
La legisladora calificó como lamentable la situación que se registra en la entidad, al destacar que este delito aumentó durante 2024 y 2025, lo que ha motivado la exigencia de asociaciones ciudadanas para que se endurezcan las sanciones contra los responsables. Incluso, indicó que el número de denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado ha registrado un incremento considerable en ese periodo.
Moreno Córdova presentó una iniciativa para endurecer las penas contra quienes cometan el delito de privación ilegal de la libertad, proponiendo sanciones de dos a seis años de prisión, en lugar de los seis meses a tres años que actualmente establece el Código Penal de Quintana Roo, cuando las víctimas sean personas adultas mayores, menores de edad o personas con alguna discapacidad.
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— Noticaribe (@Noticaribe) December 28, 2025
Explicó que anteriormente se consideraba como personas adultas mayores a partir de los 70 años y menores a partir de los 18 años; sin embargo, la propuesta plantea que ahora se tome en cuenta a personas adultas mayores desde los 60 años y a menores de 18 años.
Asimismo, detalló que antes se contemplaba una reducción de la pena si la persona era liberada dentro de los primeros tres días, mientras que la reforma propone que este beneficio solo se otorgue si la liberación ocurre dentro de las primeras 24 horas.
La diputada aclaró que el aumento en el número de denuncias no necesariamente obedece a un incremento de la inseguridad, “sino al hecho de que la ciudadanía confía en las autoridades para que se atienda este problema”.
Finalmente, citó como ejemplo casos de privación ilegal de la libertad registrados en Playa del Carmen, entre ellos uno en agravio de una persona con discapacidad, por lo que insistió en la necesidad de reformar el Código Penal en esta materia. (Noticaribe)
