Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- A cuatro días de que colectivos femeniles presentaron su queja contra el juez de control penal José Luis Jonathan Yong Mendoza por la agresión física y amenazas con arma de fuego en agravio de una mujer y que, ahora, exigen a la gobernadora Mara Lezama aplicar la Ley 3 de 3 que impide que agresores y violentadores ocupen cargos públicos, el Poder Judicial del Estado publicó un comunicado dando a conocer que inició una investigación contra el integrante del poder judicial.
Integrantes del colectivo Xtabay exigieron a las autoridades del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo y a la Gobernadora Mara Lezama aplicar la Ley 3 de 3 para que ningún agresor ocupe un cargo público y a la vez se inicie una investigación para determinar la responsabilidad administrativa de este servidor público.
Además, el colectivo hizo un llamado a las victimas a interponer su denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.
Ante esa exigencia y cuatro días después de que se hizo la primera denuncia pública, el Poder Judicial dio a conocer que el juez de lo penal José Luis Jonathan Yong Mendoza fue suspendido de sus funciones mientras se realizan las investigaciones correspondientes por los hechos ocurridos el 24 de diciembre pasado y denunciado 48 horas después.
Mediante un comunicado dijeron que la conducta de quienes imparten justicia debe ser intachable, dentro y fuera de los tribunales y reafirma que no se tolerarán conductas que contravengan la ética, la legalidad y el profesionalismo que exige la función judicial.
Para la sustentada acción de este Poder, se toma dicha denuncia que hace referencia al hecho ocurrido en las primeras horas del 24 de diciembre, en una zona residencial al sur de la ciudad, en la que presuntamente estuvo involucrada una persona servidora pública del Poder Judicial y una mujer. Con el objetivo de garantizar que los hechos sean investigados con responsabilidad, transparencia y apego a la ley, el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas inició las diligencias correspondientes y solicitó al Tribunal de Disciplina Judicial la aplicación de una medida cautelar, correspondiente a la suspensión temporal de funciones al juzgador como una acción preventiva para proteger el interés público mientras se esclarecen los hechos y se reúnen los elementos necesarios para presentar la acusación correspondiente conforme a lo que establece la ley. (Noticaribe)
