La organización Artículo 19 rechazó enérgicamente la medida de prisión domiciliaria impuesta al periodista veracruzano Rafael León Segovia, tras ser vinculado a proceso por delitos de encubrimiento por favorecimiento y en contra de las instituciones de seguridad pública, informó El Universal.
Aunque la Fiscalía General del Estado de Veracruz desestimó el cargo de terrorismo, que inicialmente se le imputó, un juez de control determinó mantener la investigación penal y ordenó que León Segovia cumpla prisión domiciliaria por un año, lo que según Artículo 19 limita su libertad de movimiento y su capacidad de continuar con su labor periodística.
En un comunicado, la organización defensora de la libertad de expresión calificó como “desproporcionada” la medida cautelar y advirtió que sienta un precedente peligroso para el ejercicio del periodismo, al poder ser interpretado como una forma de criminalizar la labor informativa en México.
Artículo 19 señaló que durante la audiencia, según su seguimiento del caso, se registraron inconsistencias e irregularidades en la actuación de la Fiscalía, así como falta de fundamentos sólidos para sostener las imputaciones más graves, lo que a su juicio refleja un intento de atribuir responsabilidad penal al periodista por informar sobre hechos de interés público.
La organización subrayó que vincular a proceso a un comunicador basándose en la interpretación del hecho de que “llegaba antes” a cubrir sucesos como indicio de conocimiento previo podría establecer un riesgo para la libertad de expresión en el país.
Artículo 19 también exhortó a las autoridades competentes, incluido el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a intervenir y garantizar medidas de protección, tanto para León Segovia como para su familia, ante el contexto de amenazas y presiones que enfrenta.
El caso ha generado rechazo entre colectivos periodísticos y defensores de derechos humanos, quienes consideran que la utilización del sistema penal en este tipo de procesos puede inhibir el trabajo de reporteros y afectar el derecho a la información de la sociedad. (Agencias)
