Una investigación periodística de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad revela que, bajo el pretexto de un intercambio humanitario, el gobierno de Nicolás Maduro diseñó un mecanismo para exportar petróleo a mercados internacionales pese a las sanciones estadounidenses.
En el centro de esa operación estuvo la firma mexicana Libre Abordo, utilizada como socio comercial y operador logístico para mover crudo y justificar operaciones ante autoridades y clientes extranjeros.
Según documentos oficiales —contratos, cartas de instrucción, autorizaciones y facturas— la maniobra no fue improvisada.
El esquema se gestionó desde las estructuras de PDVSA y la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX), con el respaldo de la institucionalidad marítima venezolana para permitir zarpar buques cargados de petróleo.
La estrategia consistió en presentar el movimiento de crudo como un canje por bienes alimentarios, con Libre Abordo como contraparte.
Sin embargo, el volumen de petróleo movilizado superó ampliamente cualquier entrega de alimentos y el producto terminó siendo facturado y vendido en el extranjero, con pagos estructurados fuera del sistema financiero estadounidense para evitar el rastreo y las penalizaciones.
Documentos muestran cómo PDVSA consignó los cargamentos a nombre de Libre Abordo en puertos, incluyendo consignaciones con destino a Singapur.
Las facturas vinculaban cientos de millones de euros y establecían instrucciones de pago en bancos fuera de jurisdicción estadounidense, dando señales claras de un diseño para sortear las sanciones.
Además, la operación incluyó pasos técnicos como la redocumentación de embarques para fragmentar volúmenes y facilitar su colocación en distintos mercados, así como pagos anticipados a navieras internacionales para asegurar la logística de transporte.
Aunque se firmaron contratos formales para la compra de maíz blanco que daban cobertura al supuesto canje humanitario, la entrega real de estos bienes fue mínima frente al enorme volumen de crudo movilizado, lo que pone en duda la legitimidad del argumento utilizado para justificar la transacción.
Entre los actores vinculados a la operación está Joaquín Leal Jiménez, empresario mexicano sancionado por el Tesoro de Estados Unidos por su papel en facilitar la venta y reventa de crudo venezolano en los mercados internacionales a través de Libre Abordo y otras empresas. (Fuente: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad)
