Por Rafael Briceño
TULUM, MX.- Ante la reclasificación del delito de intento de feminicidio por parte de las autoridades judiciales y amenazas de muerte que la obligaron a abandonar el país, Megan A.R. pidió la intervención de las autoridades gubernamentales para obtener justicia ya que la vicefiscalía en Tulum “inició otras carpetas de investigación con elementos falsos”, lo que se convertiría en violencia institucional.
Recordó que el 19 de mayo de 2023, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra José Fernando J. S. por el delito de tentativa de feminicidio, la cual quedó asentada en la Carpeta de Investigación FGE/QROO/AMPTUL/FEF/05/1/2023 con dictámenes médicos, periciales psicológicas, imágenes y audios que acreditaron agresiones, estrangulamiento y amenazas.
Sin embargo, después, las instancias judiciales determinaron reclasificar el delito a pesar de la evidencia presentada donde la Fiscal Especializada en Feminicidio, Mariana Gutiérrez Pérez, decidió reclasificar el caso como violencia familiar y omitió ordenar una pericial clave en audio donde se escucha que era agredida físicamente mientras sostenía a su hija, detalló.
Dijo que esta decisión frenó la judicialización por feminicidio en grado de tentativa y dejó al agresor sin una vinculación a proceso. Manifestó que, ante los hechos, junto a su hija decidió abandonar el país para garantizar la integridad de ambas.
Megan A.R. consideró ser victima de violencia institucional ya que la Fiscalía de Tulum abrió nuevas carpetas de investigación donde no toma en cuenta las pruebas presentadas y si por el contrario buscan invertir la calidad de víctima e imputarle otros delitos.
Señaló que a pesar de las insistencias, el caso tardó tres años en llegar al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tulum y el 3 de febrero pasado el juez Luis Ernesto Gabourel García anuló la imputación por tentativa de feminicidio, negó medidas de protección y rechazó enviar el asunto a un juzgado especializado en violencia contra la mujer.
Posteriormente, el mismo juez negó incluso la admisión del recurso de revisión, anticipando criterio y desestimando el contexto de violencia acreditado en el propio expediente, comentó.
Señaló que el denunciado, Jose Fernando J. S. había mostrado conductas violentas como ocurrió en el año 2012 cuando fue consignado ante el ministerio público del fuero común por el delito de privación ilegal de la libertad en agravio de un menor de edad, quien lo acusó de haberlo golpeado en reiteradas ocasiones con la cacha de una pistola.
El 21 de octubre de 2025, el juzgado negó las medidas de protección solicitadas, minimizando lesiones, amenazas, dictámenes psicológicos y el desplazamiento forzado, recordó.
Ante esta situacion hizo un llamado a la gobernadora, Mara Lezama, para que intervenga en el ámbito de sus atribuciones y active los mecanismos institucionales necesarios para revisar la actuación ministerial y judicial, y garantizar que el caso sea analizado con perspectiva de género y estricto apego a derecho. (Noticaribe)
