Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Tras considerar ambiguo el contenido de la iniciativa que promueve la diputada del partido Verde Ecologista de México (PVEM), María Jose Osorio, junto con Ricardo Velazgo de Morena y Hugo Alday del PT sobre la regulación del derecho a la propia imagen, pero sobre todo por incorporar excepciones para quienes ejerzan un cargo público o de notoriedad, la Barra de Abogados recomendó a los legisladores revisar y perfeccionar el contenido, ya que, tras someter a análisis la iniciativa, afirmaron que, tal y como quedó redactada, abre la posibilidad a que se coarte la libertad de expresión.
Mediante un comunicado, el cuerpo colegiado afirmó que el derecho a la propia imagen forma parte de los denominados derechos de la personalidad, ampliamente reconocidos en el derecho comparado, en diversos ordenamientos civiles del país y en la jurisprudencia nacional e internacional, el cual busca proteger a las personas frente al uso indebido, la explotación comercial o la difusión no autorizada de su imagen cuando ello afecte su dignidad, su vida privada o su reputación.
Sin embargo, en una sociedad democrática “este derecho -a la propia imagen- debe coexistir necesariamente con la libertad de expresión y el derecho a la información, ambos protegidos por los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
El análisis jurídico de la iniciativa permite advertir que el artículo 551 septies fracción I incorpora excepciones relevantes para la reproducción de la imagen cuando se trate de “personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público que sean de interés público”
Si bien estas disposiciones buscan precisamente preservar el ejercicio del periodismo, la crítica social y el debate público, “también es cierto que los términos tal como se redactaron quedan muy ambiguos, sujetos a la interpretación judicial que se realice a cada caso concreto, lo cual podria generar un efecto inhibidor en la prensa y utilizarse en litigios contra periodistas”.
En su comunicado, la Barra de Abogados estableció que cualquier regulación sobre el derecho a la propia imagen debe interpretarse siempre bajo un principio fundamental: la protección del debate público y del ejercicio periodístico cuando se trate de asuntos de interés social, especialmente cuando estén involucrados servidores públicos o temas de relevancia pública.
En consecuencia, nuestro colegio profesional, hace un llamado a que el análisis legislativo de esta iniciativa en el congreso del Estado se realice con apertura, rigor técnico y respeto al equilibrio entre derechos fundamentales, dijo el organismo.
Consideramos de fondo que la reforma es positiva, necesaria y jurídicamente viable, pero en la forma es técnicamente perfectible por lo que recomendamos precisar de manera más clara los conceptos señalados en el artículo 551 septies para evitar posibles litigios en contra de los periodistas.
La Barra de Abogados de Quintana Roo Colegio Profesional A.C. reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la legalidad y el debate público informado, y continuará participando de manera técnica y responsable en la discusión de reformas que impacten el ejercicio de las libertades fundamentales en nuestro estado, finaliza en su comunicado. (Noticaribe)
