Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que un contratista del gobierno federal desvió recursos públicos mediante un esquema de triangulación hacia una red de empresas fachada vinculadas con César Adrián Gamboa Montejo, responsable de las finanzas del Partido del Trabajo (PT) en Quintana Roo.
De acuerdo con el reportaje, el mecanismo inició con la asignación de contratos públicos a una empresa que posteriormente dispersó los recursos a compañías sin actividad real. Estas firmas presentan características típicas de “empresas fantasma”, como domicilios inexistentes o irregulares, ausencia de infraestructura y vínculos entre socios o representantes legales.
Empresas creadas en el sureste
La investigación documenta que varias de las empresas receptoras del dinero fueron constituidas recientemente en entidades del sureste, principalmente en Yucatán y Quintana Roo, donde se detectó un patrón en su registro.
Según MCCI, estas compañías fueron dadas de alta con giros amplios —como servicios, consultoría o comercialización— que les permiten facturar múltiples conceptos sin especialización real. Además, comparten elementos como:
- Uso de domicilios fiscales que corresponden a viviendas particulares o ubicaciones donde no operan actividades empresariales.
- Registro simultáneo de varias empresas con los mismos socios, administradores o apoderados legales.
- Creación en periodos cercanos entre sí, lo que sugiere una estrategia coordinada para conformar la red.
En algunos casos, las direcciones reportadas en Yucatán y Quintana Roo no corresponden a oficinas operativas, sino a espacios sin actividad económica verificable, lo que refuerza los indicios de simulación.
Triangulación y simulación de operaciones
El reportaje señala que, tras recibir los recursos del contratista, las empresas dispersaron el dinero mediante transferencias que simulan pagos por servicios inexistentes, dificultando el rastreo del destino final.
Este tipo de esquemas coincide con prácticas documentadas en contrataciones públicas, donde se utilizan múltiples empresas para justificar movimientos financieros y ocultar posibles desvíos de recursos.
Asimismo, MCCI identificó que los beneficiarios finales de estas operaciones tendrían relación con un operador financiero ligado al PT, lo que abre la posibilidad de un uso político de los recursos triangulados.
Fallas en controles y riesgos de corrupción
La organización advierte que el caso evidencia deficiencias en los mecanismos de supervisión del gasto público, ya que empresas con irregularidades lograron acceder a contratos gubernamentales.
MCCI ha documentado previamente que una parte importante de los proveedores del gobierno carece incluso de requisitos básicos como direcciones verificables o políticas de integridad, lo que incrementa el riesgo de corrupción en las contrataciones.
Hasta ahora, no se han informado sanciones específicas relacionadas con este caso; sin embargo, la investigación podría derivar en indagatorias oficiales sobre el uso de empresas fantasma para el desvío de recursos públicos. (Ver reportaje completo en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad)
