CIUDAD DE MÉXICO.- Una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad revela que empresas vinculadas al productor Epigmenio Ibarra y a un vocero de Morena mantienen adeudos fiscales que se remontan a los años 2020 y 2021, en medio de un discurso oficial que presume combate a la evasión.
Se trata de Argos Producciones, ligada a Epigmenio Ibarra, y de IBN Industrias de Inteligencia Artificial y Alta Tecnología Balística, asociada a Arturo Ávila Anaya, actual vocero de los diputados de Morena.
En ambos casos, la autoridad fiscal determinó adeudos millonarios e inició el proceso para cobrarlos mediante el aseguramiento de bienes si las empresas no pagan.
De acuerdo con el reportaje, las compañías relacionadas con el grupo Argos —propiedad de Ibarra— no sólo han recibido beneficios fiscales en los últimos años, sino que además presentan pendientes con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que exhibe inconsistencias entre el discurso gubernamental y la práctica recaudatoria.
La investigación documenta que estas empresas han sido objeto de reducciones de multas y otros mecanismos fiscales que, si bien están contemplados en la ley, dependen de criterios discrecionales de la autoridad hacendaria. Tan sólo entre 2019 y 2023, firmas ligadas a Ibarra acumularon al menos 21 reducciones fiscales por más de 14 millones de pesos.
MCCI señala que parte de estos beneficios ocurrieron en paralelo a los ejercicios fiscales en los que hoy se registran adeudos, lo que abre cuestionamientos sobre el trato diferenciado a contribuyentes cercanos al poder.
El reportaje también vincula el caso con un patrón más amplio: mientras el gobierno federal ha endurecido su postura contra grandes deudores y ha impulsado reformas para limitar condonaciones, en los hechos persisten esquemas de alivio fiscal como la reducción de multas, que continúan aplicándose de forma selectiva.
Además, recuerda que empresas del mismo grupo han sido beneficiadas en años anteriores con condonaciones y ajustes fiscales millonarios, incluyendo reducciones registradas en 2020 y 2021 por varios millones de pesos.
La organización advierte que estos casos reflejan opacidad en la aplicación de la política fiscal y cuestionan la congruencia de una estrategia que, por un lado, presume cero tolerancia a privilegios y, por otro, mantiene mecanismos que permiten aliviar cargas tributarias a ciertos contribuyentes.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad —organización dedicada a investigaciones periodísticas y análisis sobre corrupción— ha documentado en diversos casos cómo redes empresariales y actores políticos recurren a estos esquemas para diferir obligaciones fiscales. (Fuente: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad)
