Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Más de 40 organizaciones de la sociedad civil en México acusaron que, pese a que el Gobierno federal finalmente reconoció que el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México provino de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa continúa sin asumir una responsabilidad institucional plena por los daños ambientales.
En un posicionamiento conjunto, señalaron que la destitución de tres funcionarios vinculados al manejo del incidente “sanciona la mentira, pero no el daño ambiental”, al tiempo que criticaron que no exista información clara sobre la magnitud del derrame ni sobre las afectaciones generadas a lo largo de más de 900 kilómetros del litoral.
Las organizaciones indicaron que el propio gobierno admitió que la fuga se originó en el ducto Old AK-C de Pemex, tras una pérdida de integridad mecánica. Sin embargo, acusaron que el incidente fue negado por áreas operativas durante días, e incluso la válvula principal no fue cerrada sino hasta ocho días después de detectada la fuga.
También cuestionaron que, hasta ahora, no se haya dado a conocer el volumen total de hidrocarburo derramado. “No existe un cálculo confiable”, reconocieron las autoridades, lo que, advirtieron, impide dimensionar el daño, calcular los costos de remediación y establecer una compensación adecuada.
En ese sentido, denunciaron que tampoco se ha transparentado el costo total de la respuesta al derrame, pese al despliegue de más de 3 mil elementos, buques, aeronaves, drones y labores de contención y limpieza.
Las asociaciones señalaron que los apoyos anunciados por el gobierno, 30 millones de pesos para cooperativas pesqueras y pagos individuales de 15 mil pesos a pescadores, no sustituyen una reparación integral del daño, ni compensan la pérdida de ingresos ni la afectación a ecosistemas como manglares y arrecifes.
Recordaron que desde marzo comunidades y organizaciones habían advertido sobre la necesidad de estudios de riesgo, restauración ambiental y transparencia, pero sus denuncias fueron desestimadas por las autoridades, quienes ahora reconocen el derrame.
Además, acusaron dilación en la impartición de justicia ambiental, ya que a un mes de presentadas las denuncias, estas aún no han sido admitidas, lo que limita el acceso de comunidades e indígenas a mecanismos legales.
Finalmente, exigieron al gobierno federal y a Pemex informar públicamente el volumen total derramado, el costo de la remediación, el monto que deberá asumir la empresa y un plan integral de restauración ambiental con metas claras y mecanismos de seguimiento.
Advirtieron que este caso no es aislado, sino parte de un modelo energético basado en combustibles fósiles que, señalaron, continúa generando derrames, contaminación y afectaciones a comunidades y ecosistemas en el país. (Noticaribe)
