CIUDAD DE MÉXICO.– A casi cuatro meses del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca que dejó 14 personas muertas y decenas de heridos, una jueza federal ordenó la liberación del conductor y del jefe de despacho implicados, tras determinar el cierre del proceso penal mediante acuerdos de reparación del daño.
Durante la audiencia, la jueza de control Diana Isabel Ivens Cruz avaló la salida de prisión de Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, al considerar que se cumplían las condiciones legales para extinguir la acción penal, luego de que las víctimas aceptaran indemnizaciones.
El accidente, ocurrido el 28 de diciembre de 2025, fue atribuido inicialmente a exceso de velocidad y fallas en la operación ferroviaria. Sin embargo, la resolución judicial evita que se llegue a una sentencia de fondo que esclarezca plenamente las responsabilidades técnicas, administrativas y estructurales detrás del siniestro.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República, más de 140 víctimas accedieron a los mecanismos de justicia alternativa, lo que permitió cerrar el caso sin que se desahogara un juicio. La reparación del daño fue cubierta en conjunto con la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, encargada del proyecto.
El uso de estos mecanismos, aunque legal, ha generado cuestionamientos sobre si en casos de alto impacto social —como accidentes con múltiples víctimas mortales— se privilegia la salida rápida del proceso penal por encima del esclarecimiento integral de los hechos y la eventual sanción de responsabilidades más amplias.
A ello se suma que uno de los presuntos implicados, el maquinista señalado como pieza clave en la operación del tren, permanece prófugo, lo que deja incompleta la investigación judicial.
El caso también reabre el debate sobre las condiciones de operación y seguridad del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una de las obras prioritarias del gobierno federal, cuyo desarrollo ha sido promovido como eje estratégico para detonar la economía del sur-sureste del país.
Hasta ahora, no se han dado a conocer sanciones administrativas de mayor alcance ni responsabilidades dentro de la cadena de mando del proyecto, lo que ha alimentado críticas sobre posibles omisiones estructurales y falta de rendición de cuentas.
Con la resolución judicial, el caso queda formalmente cerrado en el ámbito penal, pero persisten cuestionamientos sobre si se hizo justicia para las víctimas y si se evitarán hechos similares en el futuro. (Agencias)
