Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.— En la capital yucateca, abrir la llave ya no garantiza el acceso al agua. Y cuando llega, no siempre tiene la presión suficiente para subir a una regadera o llenar un tinaco, una situación que ha dejado de ser esporádica para convertirse en un problema cotidiano en distintas colonias.
“Lo hemos normalizado muchísimo”, reconoció la diputada de Movimiento Ciudadano, Larissa Acosta Escalante, al referirse a las fallas en el suministro que afectan a miles de familias.
De acuerdo con la legisladora, la crisis es resultado de décadas de rezago en infraestructura hídrica, sumadas al crecimiento urbano sin planeación y a la expansión acelerada de la ciudad, mientras el sistema de agua potable no ha crecido al mismo ritmo.
Ante este panorama, ocho familias interpusieron una demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación para exigir el acceso efectivo al agua en sus viviendas. El recurso fue promovido con el acompañamiento del abogado Juan Pablo Delgado, quien ha impulsado casos similares en otras entidades del país.
Acosta Escalante señaló que existe una responsabilidad histórica de diversas instancias, entre ellas la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay), así como del Ayuntamiento de Mérida, incluyendo su Comité Técnico de Desarrollo Urbano y la Dirección de Desarrollo Urbano.
Según el planteamiento del amparo, estas autoridades habrían permitido la expansión de desarrollos inmobiliarios sin contar con estudios de factibilidad hídrica, lo que ha incrementado la presión sobre el sistema de abastecimiento. Como evidencia, los promoventes señalan la autorización de permisos de construcción sin evaluar su impacto en el consumo futuro de agua.
Las familias argumentan que la falta de suministro y la baja presión constituyen una violación al derecho humano al agua, reconocido en el artículo 4º de la Constitución Mexicana.
Actualmente, en diversas colonias, los habitantes han tenido que instalar bombas y cisternas por su cuenta, organizarse para almacenar agua o enfrentar suministros irregulares.
Con este escenario, Mérida se suma a una tendencia nacional en la que el crecimiento urbano desordenado, la falta de planeación territorial y la debilidad en la gestión del agua convergen. En estados como Guanajuato, Veracruz y Chihuahua, acciones legales similares han permitido garantizar el acceso a servicios básicos en comunidades históricamente rezagadas. (Noticaribe)
