CIUDAD DE MÉXICO.– Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que un exfuncionario cercano a la Secretaría de Finanzas del gobierno de Silvano Aureoles habitó un rancho de lujo en Florida, previamente propiedad del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, señalado por autoridades federales por presuntos vínculos con una red de empresas fantasma.
De acuerdo con el reportaje elaborado por el periodista Iván Alamillo, registros del condado de Palm Beach documentan que el inmueble —ubicado en Wellington, una de las zonas ecuestres más exclusivas de Estados Unidos— fue adquirido en 2019 por Álvarez Puga por 4.9 millones de dólares y posteriormente transferido a una empresa vinculada a Luis Héctor Rodríguez Pérez, exfuncionario de la Secretaría de Finanzas de Michoacán.
La cesión del rancho ocurrió en agosto de 2022 mediante un mecanismo legal que permite transferir derechos sin dejar rastro financiero directo, lo que, según la investigación, dificulta el seguimiento del flujo de recursos.
MCCI señala que Rodríguez Pérez era subordinado del entonces secretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza, quien firmó un contrato millonario de espionaje durante la administración de Aureoles. Dicho contrato fue otorgado a una empresa vinculada a Álvarez Puga, lo que establece una posible relación entre decisiones públicas y beneficios patrimoniales privados.
La investigación documenta que la transferencia del inmueble se realizó meses después de que se hicieran públicos señalamientos sobre ese contrato, cuyo monto ascendió a decenas de millones de dólares para la adquisición de tecnología de vigilancia.
Posteriormente, la propiedad fue vendida en aproximadamente 7 millones de dólares, lo que incrementó su valor respecto al precio original de compra, de acuerdo con los registros consultados.
El reportaje también expone que este caso forma parte de una red más amplia de relaciones entre exfuncionarios del gobierno de Michoacán y empresas vinculadas a Álvarez Puga, en un contexto de investigaciones por presuntos desvíos de recursos y operaciones irregulares durante la administración estatal.
Hasta ahora, no se ha informado de sanciones específicas derivadas de estas revelaciones; sin embargo, el caso refuerza los cuestionamientos sobre el manejo de contratos públicos y el posible uso de estructuras financieras para transferir beneficios fuera del país. (Ver reportaje completo en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad)
