CANCÚN, MX.- Alrededor del 15 por ciento de las personas detenidas por faltas administrativas en Benito Juárez son extranjeras, informó el director de Juzgados Cívicos, Jorge Rivero Pech, quien precisó que la mayoría de estos casos se registra en la zona hotelera del municipio.
En entrevista, el funcionario explicó que los infractores asegurados en ese punto son trasladados a la base de la policía turística, mientras que en la ciudad son llevados al Centro de Retención Municipal.
Indicó que, aunque existe presencia de visitantes internacionales en este tipo de faltas, la mayoría de los detenidos corresponde a población local y turismo nacional. “Extranjeros como tal son un 15 por ciento aproximadamente”, señaló Rivero Pech.
En cuanto a los conflictos vecinales, el director precisó que la participación de personas extranjeras es menor, al ubicarse por debajo del 10 por ciento de los casos registrados en lo que va del año.
Añadió que estas situaciones no se limitan a una sola nacionalidad, ya que también involucran a ciudadanos de distintos países. Indicó que, aunque algunos casos relacionados con personas de origen cubano han tenido mayor visibilidad, como los ocurridos recientemente, también se han identificado situaciones con personas de otras nacionalidades, como colombianos. “No solamente con cubanos, hay también de otras nacionalidades… porque tampoco la idea es estigmatizar”, expresó.
Rivero Pech señaló que, de manera paralela, se ha detectado un incremento en las quejas vecinales atendidas por los jueces cívicos conciliadores. En 2024 se registraron mil 600 casos, mientras que en 2025 la cifra aumentó a entre mil 700 y mil 800.
En lo que va de 2026, hasta la última semana reportada, se han contabilizado más de 700 quejas.
Explicó que este aumento responde, en parte, a una mayor difusión de los servicios de conciliación, lo que ha permitido a la ciudadanía identificar a los juzgados cívicos como una instancia para resolver conflictos antes de que escalen a delitos.
Finalmente, destacó que algunos casos son canalizados por la Fiscalía General del Estado cuando no constituyen un delito, sino una falta administrativa susceptible de conciliación, proceso que requiere la voluntad de ambas partes para llegar a acuerdos. (Agencia SIM)
