Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- A ocho años de creado el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del sistema local anticorrupción, el presidente del organismo Josué Sosa Figueroa reconoció que aún son unos desconocidos por parte de la ciudadanía, que no son tomados en cuenta por los diputados locales y que, a pesar de sus recomendaciones, las políticas públicas para el combate a la corrupción no han sido tomadas en cuenta ni tampoco implementadas.
Lamentó que el CPC no tenga presupuesto propio para renta de oficina, contratación de personal, adquisición de materiales de oficina y equipo y que todo es adquirido de su bolsillo con los 85 mil pesos netos mensuales que reciben por concepto de honorarios.
En medio de cuestionamientos por el elevado sueldo que perciben los integrantes del CPC rechazó las afirmaciones de que ganan mucho sin hacer nada pues aseguró que en solo un año trabajaron más de 850 horas; tuvieron 359 horas de sesiones; 297 horas de reuniones con instituciones y 199 horas de eventos y foros.
Señaló a los diputados Gabriela Mora y Santiago Frias Canché, expresidenta y actual titular de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana en la Décimo octava legislatura de no responder los mensajes ni tampoco cumplir con el parlamento abierto para discutir la propuesta de reforma a la ley de participación ciudadana propuesta por el CPC desde hace dos años.
Reconoció que cada consejero gana 85 mil pesos mensuales netos de los cuales deben usar para adquirir papeleria y equipo de oficina, temas de salud ya que no tienen un presupuesto para la renta de oficina, contratación de personal ni seguridad social ni tampoco viáticos; “todo sale de nuestra bolsa”, puntualizó.
Durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por los demás integrantes del CPC Carolina Mendoza, Vicente Aguilar Rojas, Mario Vargas Paredes y Nidia Alpuche, Sosa Figueroa expuso que las dependencias no han implementado sus plataformas sobre licitaciones. Dijo que el 80 por ciento de los índices de corrupción suceden precisamente en el área de contrataciones.
Dijo que no hay una política de justicia abierta y que se debe mejorar el sistema de designaciones de servidores públicos para hacerlos más trasparentes y que sean designados quienes realmente cumplan los perfiles en la Fiscalía General del Estado, la Auditoría y otros organismos.
Sosa Figueroa señaló que hay que impulsar el servicio público de carrera para acabar con el nepotismo, el compadrazgo y el amiguismo para ocupar los cargos públicos.
En su exposición, y a pesar de los informes gubernamentales de que Quintana Roo se encuentra en los primeros lugares de implicación administrativa, dejó en claro que los ciudadanos sufren por los excesivos trámites burocráticos pues, dijo, “cómo es posible que aún tengamos que atravesar trámites engorrosos y la falta de calidad de los servicios”.
Reiteró que no han encontrado la participación de los servidores públicos para transparentar su actuación ya que, a pesar de la invitación a participar en los foros ciudadanos, tuvieron escasa respuesta.
Por último, señaló que el Congreso no es de la justicia social porque mantiene cerrado su acceso a la ciudadanía al poder legislativo. (Noticaribe)
