Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.— Periodistas, personas defensoras del territorio y organizaciones civiles exigieron en el Congreso del Estado la reforma del marco legal en Yucatán para evitar la criminalización de la protesta social y la labor periodística.
Durante el foro “Defender derechos no es un delito”, participaron colectivos y organizaciones como Amnistía Internacional México, Kanán Derechos Humanos, Somos Periodistas e Igualdad Sustantiva Yucatán, quienes coincidieron en que aún persisten en la entidad figuras legales que facilitan la persecución de voces críticas.
Las y los participantes denunciaron que el uso del sistema penal, civil y administrativo se ha convertido en una herramienta de intimidación contra quienes defienden el territorio, el medio ambiente y derechos fundamentales. Advirtieron que Yucatán es uno de los pocos estados que aún mantienen delitos contra el honor como difamación, calumnia e injuria en su Código Penal.
Miguel Anguas, de Kanán Derechos Humanos, cuestionó la narrativa de Yucatán como un estado seguro, al señalar que ejercer el periodismo crítico o defender la tierra implica riesgos ante lo que describió como una “violencia institucional silenciosa”. Como ejemplo, mencionó casos en comunidades mayas como Sitilpech, Chapab, Santa María Chí e Ixil, donde pobladores han enfrentado detenciones arbitrarias y procesos legales por delitos como obstrucción de vías de comunicación.
Por su parte, Javier Escalante, del colectivo Somos Periodistas, recordó que Yucatán se encuentra entre los últimos cuatro estados del país que conservan delitos contra el honor, lo que genera autocensura en la prensa. Indicó que desde 2022 han impulsado propuestas para su derogación, sin que hasta ahora hayan prosperado en el Congreso local.
Rowan Madrid, de Igualdad Sustantiva Yucatán, subrayó que estas disposiciones legales no son neutrales, pues se utilizan para inhibir la protesta bajo el argumento de preservar el orden público.
En tanto, Edith Olivares, directora de Amnistía Internacional México, afirmó que la defensa del territorio es una responsabilidad frente a la injusticia ambiental y calificó la protesta como un “derecho llave” que permite el acceso a otros derechos. Señaló que, pese a ello, el Estado responde con mecanismos de represión como estigmatización, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y amenazas.
Durante el espacio de micrófono abierto, el periodista Rafael Gómez Chi expresó: “Un periodista no miente ni difama, busca exponer hechos que nos atañen a todos”.
Las y los asistentes manifestaron su preocupación ante el hecho de que esta es la segunda legislatura en la que se presenta una propuesta de reforma sin que avance, pese a las demandas reiteradas de la sociedad civil.
Al cierre del foro, la diputada Clara Rosales aseguró que el ejercicio no quedará en un trámite, y se comprometió a impulsar acciones concretas para avanzar hacia un marco legal que garantice el ejercicio de derechos sin criminalización.
El foro se realizó como seguimiento a una iniciativa de reforma presentada el 24 de octubre de 2025 por organizaciones como Amnistía Internacional, Kanán Derechos Humanos, Somos Periodistas, Igualdad Sustantiva Yucatán y Reflexión y Acción Feminista, la cual busca modificar diversas normativas locales para proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. (Noticaribe)
