CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de los crecientes cuestionamientos por la postulación de perfiles ligados a grupos criminales y operadores bajo investigación en distintos estados del país, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa para crear una nueva comisión dentro del Instituto Nacional Electoral encargada de revisar la “integridad” de candidaturas federales y locales.
La propuesta plantea la creación de la llamada Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, integrada por cinco consejeros electorales, que tendría la función de recibir listados de aspirantes enviados por partidos políticos y candidaturas independientes para revisar posibles vínculos con la delincuencia organizada.
Sin embargo, la iniciativa surge después de múltiples polémicas por candidaturas impulsadas por el propio oficialismo y por denuncias recurrentes sobre la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales y estructuras partidistas de Movimiento Regeneración Nacional.
De acuerdo con la propuesta presidencial, el nuevo órgano serviría como enlace entre el INE y dependencias federales como la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el objetivo de detectar “riesgos razonables” relacionados con actividades ilícitas.
No obstante, la propia iniciativa establece que las observaciones no serían vinculantes, por lo que los partidos políticos seguirían teniendo la decisión final sobre registrar o no a un candidato, aun cuando existan alertas o investigaciones en curso.
La reforma será enviada al Congreso para discutirse durante el periodo extraordinario previsto a finales de mayo, junto con otros cambios impulsados por el gobierno federal en materia electoral y judicial.
La oposición y diversos analistas han advertido que el oficialismo intenta impulsar un paquete de reformas “por la vía rápida”, aprovechando su mayoría legislativa y en medio de fuertes críticas por la reforma judicial y los cambios al sistema electoral promovidos desde Palacio Nacional.
Incluso, especialistas han señalado que la creación de nuevos órganos y filtros electorales evidencia el reconocimiento implícito de que los mecanismos actuales han sido insuficientes para impedir la llegada de perfiles cuestionados a cargos públicos, problema que se ha vuelto recurrente en diversas regiones del país.
La propia presidenta Sheinbaum reconoció que la propuesta formaba parte del llamado “Plan A” de reforma electoral impulsado desde el obradorismo, aunque ahora busca retomarse en un contexto marcado por la creciente presión pública y mediática sobre la relación entre política y crimen organizado en México. (Agencias)
