Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Un Juzgado Federal determinó que el Ayuntamiento de Mérida vulneró los derechos de legalidad y seguridad jurídica de personas mayas y racializadas al negar, sin fundamentos suficientes, la solicitud para retirar el Monumento a Los Montejo del espacio público.
La resolución ordena a la autoridad municipal emitir una nueva respuesta debidamente fundamentada y motivada sobre la petición presentada desde octubre de 2024 por habitantes de Yucatán, quienes consideran que el monumento representa una apología al racismo y la violencia colonial contra el pueblo maya.
De acuerdo con el expediente 540/2025, promovido ante el Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán, las personas solicitantes argumentaron que la permanencia del monumento exalta figuras históricas vinculadas con procesos de colonización, esclavización, genocidio y discriminación hacia comunidades indígenas.
Sin embargo, en marzo de 2025, la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento respondió que retirar la escultura “no resulta económicamente viable”, sin ofrecer mayores argumentos técnicos o jurídicos.
Ante ello, se promovió un juicio de amparo y, posteriormente, el 13 de junio de 2025, la entonces jueza Karla Domínguez Aguilar resolvió que la respuesta municipal fue vaga y carente de fundamentación, vulnerando derechos de las personas promoventes.
Aunque el Ayuntamiento impugnó la resolución mediante un recurso de revisión, el Tribunal Colegiado en materias Laboral y Administrativa confirmó la sentencia favorable para las personas mayas y racializadas.
Con ello, el Poder Judicial ratificó que el Ayuntamiento de Mérida no puede responder de manera ambigua ante una petición ciudadana relacionada con un tema de relevancia histórica y social.
Las organizaciones Kanan Derechos Humanos y RacismoMX, que acompañan el caso, señalaron que el Monumento a Los Montejo constituye un símbolo de racismo, clasismo y violencia histórica contra el pueblo maya.
También recordaron que desde su instalación en 2010 el monumento ha sido objeto de protestas sociales, intervenciones públicas y críticas ciudadanas. Entre los elementos presentados en el proceso se incluyó una encuesta realizada en 2022, en la que según las organizaciones la mayoría de las personas consultadas consideró que el monumento representa un símbolo racista que no debería permanecer en el espacio público.
Las personas promoventes insistieron en que la exigencia no busca borrar la historia, sino cuestionar qué figuras son exaltadas desde los espacios públicos y qué mensajes transmite el Estado hacia comunidades históricamente discriminadas.
“Los espacios públicos no deben utilizarse para glorificar símbolos de violencia racial y colonial contra los pueblos mayas. La memoria histórica debe construirse desde la dignidad, la inclusión y los derechos humanos”, señalaron. (Noticaribe)
