CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse sobre las afirmaciones realizadas por una jueza federal de Nueva York respecto a la existencia de “evidencia abundante” en el caso que involucra al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al exsecretario de Seguridad estatal Gerardo Mérida Sánchez y otros exfuncionarios sinaloenses señalados por autoridades estadounidenses.
Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria fue cuestionada sobre las declaraciones emitidas por la jueza Katherine Polk durante una audiencia celebrada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde compareció el general retirado Gerardo Mérida Sánchez, detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, Sheinbaum se limitó a señalar que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) analizar cualquier elemento probatorio que sea presentado por las autoridades estadounidenses.
“Corresponde a la Fiscalía General de la República, en su momento, analizar las pruebas”, respondió la presidenta al ser interrogada sobre si considera una provocación que desde Estados Unidos se asegure que existen elementos suficientes para sostener las acusaciones.
La postura contrasta con declaraciones previas del Gobierno federal, que en semanas recientes había insistido en que Washington no había entregado pruebas suficientes para sustentar los señalamientos contra Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa presuntamente vinculados con el Cártel de Sinaloa.
Durante la audiencia celebrada este lunes en Nueva York, la jueza Polk señaló que existe “mucha evidencia” en el expediente y destacó que el caso involucra a múltiples acusados que han comenzado a comparecer ante la justicia estadounidense. Además, concedió un plazo de 60 días para el procesamiento de pruebas antes de una nueva audiencia programada para el próximo 4 de agosto.
Gerardo Mérida Sánchez, quien fungió como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante la administración de Rocha Moya, se declaró no culpable de los cargos que enfrenta por presunta conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armas, delitos que podrían derivar en penas de cadena perpetua en caso de una eventual condena.
El proceso judicial ha incrementado la presión política sobre el gobierno mexicano, particularmente después de que autoridades estadounidenses incluyeran en sus investigaciones a diversos funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, entre ellos el propio Rocha Moya. Mientras tanto, el Gobierno federal mantiene la postura de que cualquier actuación en territorio mexicano deberá sustentarse en pruebas que puedan ser valoradas por las instituciones nacionales y conforme al marco jurídico vigente. (Agencias)
