CIUDAD DE MÉXICO.- Los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, ambos emanados de Morena, son objeto de investigaciones por parte de autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con actividades del crimen organizado, de acuerdo con una investigación publicada por el diario Los Angeles Times.
Según el reportaje, las indagatorias forman parte de una estrategia impulsada por la administración del presidente Donald Trump para ampliar el escrutinio sobre funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con organizaciones criminales. La publicación sostiene que a ambos mandatarios les habrían sido revocadas sus visas estadounidenses mientras avanzan las investigaciones.
De acuerdo con las fuentes citadas por el medio estadounidense, Durazo estaría siendo investigado por presuntos nexos con grupos del crimen organizado, mientras que el caso de Villarreal estaría relacionado con una pesquisa sobre contrabando de combustibles, conocido como huachicol.
La investigación también señala que ambos gobernadores habrían ingresado a territorio estadounidense mediante un mecanismo especial denominado Significant Public Benefit Parole, utilizado por autoridades de ese país para permitir el acceso temporal de personas cuya presencia es considerada de interés para procesos judiciales o de seguridad pública.
Las revelaciones ocurren semanas después de que autoridades estadounidenses presentaran acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros exfuncionarios presuntamente vinculados con operaciones del Cártel de Sinaloa, en un caso que elevó la tensión diplomática entre México y Estados Unidos.
Tras la publicación del reportaje, los gobiernos de Sonora y Tamaulipas rechazaron categóricamente las acusaciones. La vocera del gobierno sonorense, Paloma Terán, afirmó que Durazo cuenta con una visa vigente y que no ha sido notificado de ninguna investigación por parte de autoridades estadounidenses.
Por su parte, la administración de Américo Villarreal calificó los señalamientos como falsos y aseguró que no existe evidencia pública que respalde las acusaciones difundidas por el diario estadounidense.
Hasta el momento, ni el Departamento de Justicia ni el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos han emitido información oficial que confirme las investigaciones referidas por Los Angeles Times. (Agencias)
