Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Comunidades mayas de Yucatán y Campeche solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer tres juicios estratégicos relacionados con la protección de los cenotes, las abejas y los derechos territoriales de los pueblos indígenas, al considerar que podrían sentar precedentes históricos para la defensa del patrimonio biocultural de la Península de Yucatán.
En rueda de prensa el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes y el Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal señalaron que la atracción de estos casos permitiría al máximo tribunal del país establecer criterios relevantes sobre los derechos de la naturaleza, la protección ambiental y el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos originarios.
“Hay una declaratoria de los pueblos mayas y exigen a las autoridades acciones concretas ante la crisis ambiental”, precisó la abogada Lourdes Medina Carrillo del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal.
En ese sentido especificó que en Yucatán hay graves impactos ambientales y sociales que ocasiona la industria porcícola y en Campeche, las afectaciones principales las provocan monocultivos, transgénicos y uso indiscriminado de pesticidas.
Habitantes de las zonas de Homún, en Yucatán y Hopelchén, en Campeche, donde la lucha se mantiene, argumentaron que la petición surge en un contexto de creciente crisis socioambiental en la región, marcada por la expansión de actividades agroindustriales que, afirman, han generado afectaciones al territorio maya, los recursos hídricos y la biodiversidad.
Uno de los casos está relacionado con la comunidad de Homún y la lucha legal contra la megagranja porcícola conocida como PAPO, instalada dentro de la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes. Los promoventes buscan una resolución definitiva que reconozca la inviabilidad de este tipo de proyectos en un acuífero kárstico vulnerable a la contaminación, además de garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada del pueblo maya.
“Se le pide a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declare la inviabilidad absoluta de esta granja porcícola y la sentencia que se busca es que se garantice la no repetición de estos actos, o sea que no se vuelvan a instalar megaproyectos y que haya reparación integral porque no se informó lo que ocurrió con los residuos que se produjeron”, añadió.
De manera paralela, otro de los juicios plantea el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes y el otorgamiento de su custodia al pueblo maya de Homún como mecanismo de protección frente a actividades contaminantes.
“Las fábricas, las megaindustrias vienen a lastimar a los que habitamos aquí, pedimos que pongan atención, que nos escuchen, que no sólo mencionen que nos están escuchando sino que se pongan en nuestros zapatos en algún momento y que lleguen a la resolución de nuestras problemáticas”, indicó Maribel Ek, habitante de Homún.
En Campeche, las comunidades mayas de Hopelchén solicitaron que la Suprema Corte atraiga un juicio relacionado con la protección de las abejas, cuya supervivencia se ha visto afectada por la expansión de monocultivos, la deforestación y el uso intensivo de agroquímicos.
“En Hopelchén desde 2012 iniciamos este proceso de lucha de defensores y en 2015 tuvimos una resolución a favor de las comunidades. La soya transgénica sigue aumentando, los monocultivos siguen creciendo. Ayer apenas nos reportaron muerte de abejas y todos los días sucede”, señaló Leydy Pech, defensora maya y guardiana de las abejas.
La demanda plantea incluso el reconocimiento de las abejas como sujetos de derechos, con el objetivo de garantizar la protección de estos polinizadores fundamentales para la vida y para la economía de numerosas comunidades mayas.
Las organizaciones denunciaron que sustancias como el fipronil y el glifosato han sido señaladas como responsables de episodios de muerte masiva de abejas registrados en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
La defensora maya y apicultora Leydy Pech afirmó que los pueblos indígenas han logrado diversas sentencias favorables en los últimos años, aunque advirtió que muchas de ellas no han sido plenamente cumplidas.
Finalmente, las organizaciones consideraron que la atracción de estos asuntos permitiría a la Suprema Corte emitir resoluciones que atiendan de fondo las violaciones sistemáticas denunciadas por comunidades mayas y avanzar en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en México.
“Es una oportunidad histórica para dictaminar por primera vez en México el reconocimiento de la naturaleza, una oportunidad de pasar del reconocimiento de los pueblos indígenas a las acciones”, añadió Lourdes. (Noticaribe)
